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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Síntoma navarro

No se trata de distinguir entre fuerzas radicales sino de defender el sistema

Javier Esparza, candidato de Navarra Suma a la Presidencia de Navarra, y Enrique Maya, candidato a la Alcaldía de Pamplona, en la noche electoral del 26 de mayo.
Javier Esparza, candidato de Navarra Suma a la Presidencia de Navarra, y Enrique Maya, candidato a la Alcaldía de Pamplona, en la noche electoral del 26 de mayo.DAVID DOMENCH (Europa Press)

Los pactos para formar Gobierno en la Comunidad Foral de Navarra son hasta el momento uno de los más claros ejemplos de las dificultades que encontrarán las fuerzas políticas para encajar los resultados de las elecciones municipales, autonómicas y generales. En el caso de esta comunidad, la ecuación se resume en que los 20 escaños de la coalición Navarra Suma, que, además de UPN, incluye al Partido Popular y Ciudadanos, no permiten investir un Ejecutivo, al tiempo que la mayoría alternativa liderada por los socialistas, con 23 escaños, necesitaría de la abstención de los siete diputados de EH Bildu.

El rompecabezas se vuelve aún más complejo si se toman en consideración los efectos directos que la opción que se adopte en la comunidad foral puede tener sobre el Ayuntamiento de Pamplona, que recaería en EH Bildu si obtuviera el apoyo de los concejales socialistas, y sobre la formación del Gobierno central, en la medida en que Pedro Sánchez necesita de votos adicionales eventualmente procedentes de UPN, como se ha adelantado a ofrecer esta fuerza. Además, la solución que se alcance en la comunidad foral tendría efectos indirectos sobre las negociaciones en curso en otros Ayuntamientos y comunidades si unos partidos deciden servirse de las combinaciones en las que participe EH Bildu como excusa para sus tratos con Vox, y al contrario.

La diversidad de las mayorías posibles en municipios y comunidades impedirá seguramente el cumplimiento de las directrices que cada formación ha cursado a sus organizaciones territoriales, más preocupadas por la necesidad de justificar los pactos más relevantes que por mantener una imperturbable coherencia en la totalidad de las numerosas negociaciones en curso. La probable inviabilidad de esas directrices no equivale, sin embargo, a la ausencia de reglas en el sistema ni tampoco a la automática derogación de las consideraciones políticas sobre la participación en los posibles pactos, de manera que cualquier salida donde no existan mayorías claras deba considerarse aceptable.

En 2007, los socialistas de Navarra renunciaron a formar Gobierno ante la imposibilidad de hacerlo sin el apoyo de una fuerza abertzale. En estos momentos se encuentran ante una tesitura semejante, con la diferencia de que bastaría la abstención y de que las fuerzas que reprochan esta combinación pretenden justificarla en otros lugares solo porque sustituyen el papel de EH Bildu por el de Vox. La pregunta a la que parece obligar este doble rasero es en qué se diferencian unas fuerzas radicales de otras, cuando lo que realmente importa es cómo se defiende el sistema constitucional frente a sus amenazas.

Es a esta pregunta sobre el cómo, y no a la primera sobre el qué, a la que deberán contestar sin duda los socialistas en Navarra, alejando cualquier equívoco acerca de un compromiso cruzado con EH Bildu entre el Ayuntamiento de Pamplona y la comunidad. Pero es también la pregunta a la que están obligados a responder el Partido Popular y Ciudadanos, cuando en lugares no menos trascendentales que Navarra se disponen a formar mayorías en las que Vox tiene un papel decisivo, que incluye en ocasiones el voto favorable. De la respuesta que proporcionen unos y otros depende no solo el Gobierno de una autonomía y el Ayuntamiento de una capital, sino la naturaleza del síntoma manifestado en Navarra.

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