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Transparencia en construcción

A pesar de las medidas adoptadas para mejorar los procesos de licitación de obra pública, estos distan de tener la claridad necesaria

Obras de la línea de ferrocarril de alta velocidad entre Cáceres y Badajoz.
Obras de la línea de ferrocarril de alta velocidad entre Cáceres y Badajoz. Alamy

España se ha apuntado a la ola de iniciativas para implementar la transparencia en la adjudicación y desarrollo de la obra pública. Lo ha tenido que hacer, en primer lugar, por las exigencias de la Marca España. El hecho de que el país haya vivido una epidemia de corrupción ha obligado a reforzar las normas y procedimientos en este terreno. España figura hoy en posiciones nada dignas en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional (TI): en el puesto 41, lejos de su vecino Portugal (29). "Ha sido una caída preocupante", apunta Manuel Villoria, miembro del comité de TI España.

Otra razón para acometer medidas contra la corrupción es que la falta de transparencia cuesta dinero. "Una mayor transparencia en la contratación pública permitiría reducir los abusos y la corrupción y bajar el coste de las obras", sentencia Villoria. Según TI, "las prácticas irregulares inflan un 10% el gasto en obra pública". La Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia (CNMC) estima que la obra pública en España sufre un sobrecoste equivalente al 4,6% del PIB por la ausencia de un buen proceso de licitación. Añadido a la cuestión de los costes, hay que recordar que la UE ha aumentado la presión en el campo del juego limpio con directivas para reforzar la transparencia en las licitaciones, y con un respaldo sin fisuras a la utilización de los llamados Pactos de Integridad, ideados por TI, que fijan los compromisos de la Administración y las empresas licitadoras de mantener una conducta íntegra y ser transparentes en el proceso. Estos pactos incluyen la figura de un supervisor independiente encargado de controlar el concurso, la adjudicación y la ejecución del contrato.

Regulaciones obligadas

La paulatina presión por una mayor limpieza ha llevado a España a aprobar la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Esta norma, según explican desde el despacho especializado en contratación pública Interlaw, "obliga a las Administraciones a difundir toda información relevante y otorga a los ciudadanos el derecho a solicitarla". La última gran reforma fue la nueva Ley de Contratos Públicos (9/2017), producto de la trasposición de dos directivas comunitarias también destinadas a atajar los resquicios que alientan el fraude. Toda esta batería de medidas, incluyendo los Pactos de Integridad, han sido bien acogidos por las empresas constructoras.

Julián Núñez, presidente de Seopan, la patronal de las constructoras, dijo en unas jornadas organizadas con TI "que la transparencia es importante y beneficiosa para todos". "En 2017 presentamos un informe realizado por EY, centrado en la transparencia como garantía de eficiencia en la contratación pública, que concluyó con 25 propuestas para dar toda la claridad a los procesos", explicó Núñez. Desde la CNC (Confederación Nacional de la Construcción), su presidente, Juan Lazcano, declaró que "cuanto más transparentes sean los contratos públicos, más empresas y más cualificadas van a participar, más elección tendrá la Administración y más ahorro habrá para los contribuyentes".

Aunque cambiar malas prácticas de décadas no es fácil, Lazcano cree que las diferentes medidas han servido para "avanzar mucho en limpiar los procesos". En Seopan son más escépticos. "No hemos detectado avances significativos", subraya Núñez. En TI recuerdan que, de hecho, la posición de España en el índice de transparencia ha bajado. "Después de Hungría", explica Villoria, "es el país de la UE que más ha bajado entre 2012 y 2018; ha pasado del puesto 13 al 22".

Hay cierta unanimidad en que las medidas adoptadas siguen en el papel y no han bajado a la práctica. "La información disponible sobre los procesos de contratación es aún muy escasa y el grado de discrecionalidad de los responsables de la Administración al adjudicar contratos sigue siendo excesivamente elevada, abonando la posible arbitrariedad", dice Núñez, de Seopan. Otro problema, señalado por Huarte, de Iterlaw, es que "hemos hecho una regulación tan compleja, que la gente acaba encontrando un sendero para escapar". Lo habitual es no comunicar al mercado los proyectos hasta el último momento y agotar los plazos para presentar ofertas hasta los mínimos legales. Sigue la presentación de ofertas a precios más bajos [un 30% o 40% menos] que los reales, que se disparan tras iniciar la obra con los llamados modificados, una práctica que el propio Núñez define como "sinsentido económico", ya que genera enormes sobrecostes. Más de 50 contratos para carreteras, puentes o AVE adjudicados por 2.464 millones costaron luego más de 3.000 millones de euros.

Algunas de las nuevas figuras creadas para reforzar la transparencia siguen casi inéditas. Pese a que la ley obliga a publicar en la Plataforma de Contratación del Sector Público (electrónica) todo el proceso, desde el anuncio al final de la obra, "la realidad", apunta Huarte, "es que no todas las Administraciones lo hacen. Cumplen poco más del 50%." Villoria añade que "es muy difícil trabajar con la plataforma. Los datos no están estructurados y falta información. Tiene que mejorar mucho para que sea útil".

Nada de supervisores

Transparencia Internacional (TI) no ha logrado extender la práctica de que los contratos públicos sean supervisados por expertos independientes. Tras cuatro años de esfuerzos, "solo hemos sacado adelante tres o cuatro", aclara Villoria, del comité de TI. Y para temas menores: la supervisión del servicio de atención al ciudadano del Ayuntamiento de Madrid, la construcción de escuelas en Toledo y de un hospital en Murcia. El miembro de TI reconoce que "el balance es limitadísimo, lo que explica que de momento hayamos parado de intentarlo". Han hablado con casi todas las autonomías, los principales Ayuntamientos y también con Fomento o con Hacienda. "En Fomento nos dijeron que tenían su sistema de control". Las empresas tampoco colaboran mucho. "Están obligadas a dar información de los contratos y no lo hacen", dice. Las multas son pequeñas y los tribunales tardan mucho en castigar las malas prácticas.

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