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El hundimiento

Con la reprobación del Parlament, Torra carece de autoridad para gobernar

Quim Torra esta semana en el debate de la moción impulsada por el PSC.
Quim Torra esta semana en el debate de la moción impulsada por el PSC. EFE

No tiene mayoría social. No tiene ahora ni siquiera mayoría parlamentaria. Cuenta todavía con los presupuestos de 2017 prorrogados porque no ha sido capaz de culminar la tarea fundamental de un Gobierno, como es conseguir la aprobación de sus presupuestos. Decenas de cargos de elección parlamentaria se hallan con el mandato vencido y vacantes por falta de consenso. No hay actividad legislativa en el Parlament ni otra actividad de gobierno que no sea la agitación permanente. Las listas de espera en la sanidad catalana, mientras tanto, se han disparado.

Así está la Generalitat presidida por Quim Torra, el presidente más débil, desautorizado e incapaz de toda la historia de la institución autonómica, incluyendo sus dos últimos predecesores. La precaria mayoría parlamentaria independentista, que no social, que le dio la investidura en mayo de 2018, se proponía superar el autogobierno catalán surgido del Estatut y de la Constitución y lo está consiguiendo, pero no porque tenga posibilidad alguna de alcanzar la república independiente que se había propuesto, sino por la autodestrucción de las instituciones catalanas por parte de quienes las dirigen y deberían cuidar de su prestigio y su buen funcionamiento.

Torra había significado su sometimiento a la única institución democrática que dice reconocer, el Parlament. Pero el día en que el Parlament le reprueba y le pide que convoque elecciones o se someta a una moción de confianza, entonces declara que no reconoce la legitimidad de una votación en la que le han faltado los cinco votos de los diputados ausentes porque se hallan huidos en Bélgica o en la cárcel. Es ya habitual en el secesionismo el uso ventajista de las reglas de juego cuando van a favor y su denuncia cuando van en contra. En este caso, además, la falta de estos cinco votos se debe a que Junts per Catalunya, a las órdenes de Puigdemont, ha rechazado la sustitución de los diputados ausentes o procesados, opción que sí fue aceptada por Junqueras y Romeva. Implícitamente Torra exhibe como excusa su obediencia a Puigdemont, al que considera el presidente auténtico.

Lo único que parece dar sentido a una legislatura tan amortizada es la ocupación de las instituciones y la percepción de las nóminas por la parte importante de funcionarios que han sido cooptados por el secesionismo. Buena muestra del abuso institucional es el proceso judicial paralelo que están realizando los medios de comunicación públicos catalanes, donde se defienden a diario las tesis de las defensas y se responde y ridiculizan las de la Fiscalía y las acusaciones. También lo reflejan las elecciones sindicales del personal administrativo y técnico de la Generalitat, en las que ha obtenido el mayor número de delegados un sindicato independentista, hasta ahora hiperminoritario, que lidera un veterano de la violencia política condenado por asesinato.

Torra es un presidente hundido. Cataluña debe ir cuanto antes a las urnas, sin esperar nuevas coyunturas favorables para el oportunismo independentista. El precio a pagar en desconfianza hacia la política, en el deterioro de las instituciones y en el desgobierno es insoportable.

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