Demoras inaceptables

El modelo sanitario de cobertura universal y gratuita, que atiende las contingencias de salud de los ciudadanos en el momento en que se producen, tiene beneficios sociales incuestionables en términos de justicia y equidad, pero presenta un talón de Aquiles que se ha revelado muy difícil de gestionar: las listas de espera. Dado que la demanda es variable e imprevisible y los recursos son limitados, el sistema sanitario público se ve obligado a establecer mecanismos de prioridad para atender primero los casos más graves y urgentes. Eso significa que aquellos que no lo son sufren demoras que varían según los recursos disponibles y la eficiencia de cada centro.

En tiempos de brutales recortes como los que se han producido a partir de 2012, la desproporción entre necesidades y recursos disponibles se agranda, y repercute sobre los tiempos de espera. La reducción de camas, quirófanos y plantillas ha tenido como primera consecuencia una mayor demora en la atención de los casos no urgentes. En estos momentos hay unos 600.000 pacientes pendientes de intervención quirúrgica y 1,5 millones en espera de ser atendidos por un especialista. La media de espera para entrar en quirófano es de 93 días, pero esos tres meses de demora son un promedio, lo cual significa que hay pacientes que esperan mucho más. La demora en ser atendido por un especialista es especialmente grave, pues de ella depende la posibilidad de un diagnóstico precoz. Que cuatro de cada diez pacientes esperen más de dos meses es intolerable. La suma de las dos listas puede hacer que una operación para implantar una prótesis de rodilla o de cadera se demore más de dos años.

El mejor sistema sanitario pierde legitimidad si al tiempo que ofrece la mejor medicina no es capaz de gestionar importantes retrasos en patologías que afectan a cientos de miles de personas. El tipo de dolencias no siempre son graves, pero suelen ser dolorosas y trastornan la vida cotidiana. Así que las demoras producen un alto coste en términos de sufrimiento físico y psicológico.

Los gestores sanitarios (y los políticos) deben ser conscientes de que estas largas demoras repercuten muy negativamente sobre la percepción que la ciudadanía tiene de la sanidad. Los últimos barómetros en este campo revelan que están afectando a la confianza de los ciudadanos en el sistema público y pueden abocar a algunos de ellos a recurrir a la sanidad privada, por mucho que nunca haya sido su prioridad. Los planes de choque aplicados por distintas Administraciones autonómicas han permitido aliviar puntualmente esas listas, pero en cuanto cesa el plan, cesa el efecto. De la experiencia acumulada se desprende que para obtener resultados duraderos es preciso aplicar medidas estructurales, y eso solo es posible con más eficiencia, más recursos y más plantillas.