Una tasa fallida

El veto de Irlanda, Suecia, Dinamarca y Finlandia ha descartado momentáneamente la implantación de un impuesto sobre la facturación en Europa de las grandes compañías tecnológicas (Google, Facebook, Amazon, Airbnb o Uber). Para entender la magnitud del rechazo hay que precisar que el veto de 4 países se ha impuesto a la aprobación de 23, lo que cuestiona el proceso de toma de decisiones por unanimidad que exigen las normas comunitarias. Hay que recordar que la llamada tasa Google no es un capricho de países como Francia, el Reino Unido o España, sino una respuesta lógica y proporcionada a la práctica abusiva de elusión fiscal que practican las grandes tecnológicas.

La definición de un sistema para que las tecnológicas paguen los impuestos que les corresponden queda ahora en manos de la OCDE; la organización debe proponer una tasa digital aplicable a todo el mundo. Pero Bruselas ha advertido, con razón, que si la organización no consigue su propósito, dificultado como en Europa por las presiones nacionales y empresariales, volverá a la carga con nuevas propuestas. El escaqueo tributario de las plataformas y grandes empresas digitales es una anomalía detectada y diagnosticada desde bastantes años atrás. Quien se opone a que los países de la eurozona perciban los impuestos debidos es corresponsable de reducir las recaudaciones estatales y de limitar las acciones nacionales de redistribución a través de los ingresos.

Los argumentos para oponerse a una tasa Google notablemente descafeinada, puesto que al fin y al cabo solo gravaba los ingresos por publicidad de las plataformas, son de orden puramente formal y se resumen en el principio de imponer el gravamen allí donde se produce y el beneficio en el lugar de la facturación. Pero este argumento olvida que la economía digital ha difuminado los límites espaciales de producción y consumo. Como explicó la ministra de Economía, Nadia Calviño, los usuarios de las redes generan valor añadido en cuanto que los datos de los clientes son un factor de producción. Es más probable que la respuesta de los que la rechazan se deba al temor a posibles represalias de Estados Unidos, cuya Administración sigue una política de sensibilidad comercial extrema caracterizada por el proteccionismo unilateral.

Es inadmisible que las empresas convencionales paguen en Europa el 23,5% como media en impuestos y las tecnológicas el 9,5%. Aunque algunos países se aprovechen hoy de la competencia tributaria desleal, tarde o temprano se cerrarán todas las puertas a la elusión fiscal. Si Suecia, Dinamarca, Finlandia o Irlanda están preocupadas por los problemas formales de la tasa Google, que propongan cómo se debe atajar la fuga de impuestos, de la que son conscientes. Si se limitan a escudarse en razones formales, están ignorando la elusión.