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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Necesario y urgente

El decreto sobre alquileres tiene que complementarse con un aumento de la oferta pública y medidas fiscales

José Luis Ábalos, ministro de Fomento
José Luis Ábalos, ministro de FomentoEFE

El decreto ley sobre alquileres que acaba de aprobar el Gobierno, esta vez con el apoyo atento de Podemos, responde a la necesidad ineludible y urgente de ordenar el mercado del alquiler, afectado sobre todo por un exceso de demanda y una escasez de oferta que dispara los precios e impide el acceso a la vivienda en el centro de las ciudades de aquellos profesionales que la necesitan. Viene también a corregir la tendencia socialmente reprobable hacia un aumento de los desahucios, producidos, bien por la precariedad de las rentas, bien por el deseo de los propietarios de convertir sus viviendas alquiladas en el centro de las ciudades turísticas en los llamados pisos turísticos.

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El contenido reproduce las modificaciones introducidas en el texto inicial —prolongación de los contratos, reducción de las fianzas, más garantías contra los desahucios, facultades a los vecinos para frenar los pisos turísticos— e introduce un control suave de los precios. No podrán subir anualmente más que el índice de precios al consumo; propone además la elaboración de un indicador de referencia nacional e indicadores autonómicos. Todo ello no solo es defendible, sino que debía aplicarse con rapidez para frenar la escalada de precios en zonas muy concretas de las grandes ciudades.

Pero parece oportuno hacer algunas precisiones. Un cambio legislativo de esta trascendencia necesita el mayor consenso político y empresarial posible para concitar la adhesión de los propietarios de viviendas, de forma que, ante las mejoras de las condiciones de los inquilinos, no se reduzca la oferta de pisos en el mercado. Habrá que pensar con seriedad en rebajas fiscales para aquellos propietarios que mantengan los precios en un nivel moderado; y por eso hay que invertir dinero público para situar en el mercado viviendas de alquiler social y apremiar a los Ayuntamientos para que pongan suelo público a disposición de promotores de vivienda social. El decreto es un correctivo importante, pero son las medidas de aumento de oferta las que acabarán por instalar el mercado en precios asequibles para las rentas medias y bajas.

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