El primer paso en vivienda

El mercado de vivienda es una de las grandes reformas pendientes en la economía española. Dada su envergadura requiere al menos una modificación profunda del mercado del alquiler mediante un aumento de la vivienda social destinada a arrendamiento y las intervenciones indirectas necesarias para bajar el crecimiento de los precios, sistemas de vigilancia constante del coste de la vivienda en propiedad y establecer unas condiciones para los préstamos hipotecarios en línea con Europa. Y esto último es lo que ha hecho el Congreso al aprobar una nueva Ley Hipotecaria con una amplia mayoría, favorecida por el hecho de que el proyecto procedía del Gobierno anterior y era obligado trasponer una directiva comunitaria.

La nueva ley confirma que el impuesto de actos jurídicos documentados (IAJD) lo pagarán los bancos, igual que las primeras copias del notario y los gastos de registro y gestoría; elimina las cláusulas suelo, endurece las condiciones de desahucio, reduce las comisiones de amortización y el interés de demora y facilita el cambio de tipo variable a fijo. Es evidente que estos cambios responden al principio de aumentar las garantías y el bienestar del cliente en un mercado que en estos momentos se caracteriza por un aumento sostenido de los precios. La eliminación de las cláusulas suelo, por ejemplo, venía obligada por las sentencias que consideraban tal práctica como un simple abuso.

Es inevitable preguntarse por las razones del retraso para trasponer una directiva. Casi tres años ha tardado en hacerse y se ha conseguido in extremis, una vez que han convocado elecciones. Ninguna de las modificaciones que introduce la directiva en la legislación española sobre hipotecas es extravagante o discutible. Se trata de mejoras obvias de las que disfrutan todos los clientes de los bancos en Europa. La tarea de trasponer una directiva es relativamente más sencilla que elaborar una nueva ley, quizá porque no hay las discrepancias ideológicas de fondo; pero tiene el valor de que, tal como se ha desarrollado en el Congreso, ha suscitado un acuerdo difícil de concebir en otros ámbitos.

Ahora bien, la Ley Hipotecaria es solo una pieza de las varias que deben componer la reforma de la vivienda. Quizá sea posible todavía recuperar un acuerdo para aprobar el decreto sobre alquileres que Podemos rechazó con el muy discutible argumento de que no confería poder a los Ayuntamientos para controlar los precios en las zonas más caras de las ciudades. Pero es necesario coser además otros hilvanes que dependen mucho de comunidades y Ayuntamientos. El Gobierno que salga de las elecciones tendrá que favorecer iniciativas para suministrar suelo municipal a la iniciativa privada. Y sería conveniente imponer condiciones razonables en las operaciones que realizan los fondos de inversión para evitar que los precios se disparen.

La reforma de la vivienda se ha convertido en una urgencia porque el crecimiento de los precios y el estancamiento de los salarios dificulta la compra y el alquiler a amplias capas de la población española. Debería pactarse con el mayor acuerdo político e institucional posible.