Perseguidos por la corrupción

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La toma del BBVA

Transparencia Internacional ha publicado su informe Percepción de la corrupción 2018, en el que España mejora sólo un punto sobre 100 en relación con el año anterior, pasando de 57 a 58. Con esta calificación, queda en la posición 41 entre 180 países estudiados, y junto con Letonia ocupa el puesto número 20 entre los 28 integrantes de la UE. Este resultado parece indicar que los esfuerzos para prevenir y frenar la corrupción no dan sus frutos, o estos aún no se perciben, precisamente el año en que una moción de censura ha derribado un Gobierno acorralado por los escándalos. Sabemos que no hay una correspondencia exacta entre el auge de la corrupción y su percepción. De hecho, en España, entre los años 1996 y 2009, la corrupción no aparecía entre las principales preocupaciones de la ciudadanía, precisamente cuando más casos se produjeron. Ello se explica por las limitaciones metodológicas que este tipo de estudios de percepción arrastran, y que los expertos conocen bien.

Una de ellas es lo que se denomina el ‘efecto retardo’, por el cual algunas mejoras en la lucha contra la corrupción destapan casos concretos acontecidos anteriormente, lo cual no produce en la ciudadanía una sensación de avance sino todo lo contrario, imputando al Gobierno del momento hechos acaecidos con anterioridad. A esto hay que añadir lo que los expertos denominan ‘efecto eco’, es decir, el impacto que tiene sobre la percepción de la ciudadanía el conocimiento de estos hechos a través de los medios informativos, aunque su descubrimiento y publicación sean, precisamente, una señal positiva y regeneradora.

Estos efectos ‘eco’ y ‘retardo’ pueden explicar algunas de las conclusiones del estudio, por ejemplo, si los aplicamos a las informaciones que estos días ha ido publicando EL PAÍS en relación a la trayectoria profesional de Francisco González al frente del BBVA y la presunta conexión del banco con la red de Villarejo. El relato sistematizado y articulado de asuntos como este dejan traslucir la existencia de mundos paralelos donde se juegan millones de euros, muchos de ellos de los contribuyentes, a cuya existencia ni siquiera hemos empezado a asomarnos. Es entonces cuando atisbamos la magnitud del problema y el desafío que va a suponer para España en su conjunto, es decir, para los gobiernos, las empresas, los medios de comunicación y la sociedad civil, quitarnos de encima el peso de la corrupción. Porque aunque los efectos ‘eco’ y ‘retardo’ puedan explicar parte del problema, no podemos darnos por satisfechos. Transparencia Internacional propone medidas como “normas que protejan a los denunciantes de corrupción, que regulen los lobbies, que refuercen la independencia de la Fiscalía y del Poder Judicial. Y órganos independientes y con medios suficientes para proseguir esta lucha tanto desde la prevención como desde la represión”. ¿A qué estamos esperando?