Cordón ineficaz

La entrada de Vox en el tablero político andaluz ha supuesto un cambio drástico en el escenario político español y, al tiempo, un dilema para el Partido Popular y Ciudadanos. Debido a la correlación de fuerzas tras las recientes elecciones autonómicas, no basta con que Vox se abstenga en la investidura de los eventuales candidatos a la presidencia de la Junta por alguno de esos dos partidos, sino que es necesario el voto favorable de sus 12 diputados. Ni Casado ni Rivera reivindican en Andalucía el supuesto derecho a gobernar de la fuerza más votada, según hicieron tras las elecciones generales. El severo reproche que merecen en razón de este súbito cambio de criterio no es porque ahora deroguen un derecho que no existe, sino porque entonces lo inventaran. Ambos líderes sabían que en el sistema constitucional de 1978 no forma gobierno la fuerza más votada, sino la que es capaz de articular una mayoría. Lo mismo que ahora saben que contar a Vox entre sus apoyos para acceder al Gobierno de la Junta les priva de legitimidad para reprochar al Ejecutivo central negociar los Presupuestos con los independentistas.

La lógica de la cuarentena aplicada a un partido como Vox responde a la idea de que es necesario aislar del normal juego político a aquellas fuerzas que se juzgan como un peligro para el mismo. El contexto pujante del populismo enseña que el simple hecho de encarnar una ruptura con el establishment aumenta el atractivo electoral de estas fuerzas disruptivas, y la llamada al cordón sanitario ahonda, de hecho, en la línea de división que un partido como Vox busca establecer con tanto empeño: ser señalados unánimemente como un peligro les otorga, paradójicamente, un balón de oxígeno en un momento en el que se necesitan más respuestas políticas que condenas morales.

Lo importante es desmontar las mentiras sobre las que Vox va gestando este nuevo clima de inflamación. La formación que lidera Santiago Abascal juega irresponsablemente con algunos de los consensos democráticos que han regulado nuestra convivencia durante los últimos 40 años. No se trata únicamente de su discurso bronco y abiertamente frentista, sino de la frivolidad en su manera de abordar cuestiones fundamentales que proceden de una bien asentada aspiración democrática en nuestro país: que los ciudadanos, de cualquier pensamiento, color o religión, tengan, por fin, una verdadera consideración de iguales en derechos y obligaciones.

Las propuestas de Vox afectan a conceptos vinculados con el núcleo mismo de la Constitución, y es relevante recordar que su artículo 2 no solo reconoce la indisoluble unidad de la nación española, sino el sistema autonómico como forma de gestión del poder territorial, que Vox pretende aniquilar. Es esa ruptura del perímetro constitucional lo que debería preocupar a las fuerzas políticas: antes que entrar en cordones sanitarios, sería más provechoso obligar a Vox a debatir sobre su discurso reaccionario y populista y desvelar así la raíz profundamente antidemocrática sobre la que se erige su programa. Aunque la alarma generada en las fuerzas progresistas resulte comprensible, conviene no caer en lo que en otros países de nuestro entorno se ha demostrado ineficaz. Centrarse en un virtuoso aislamiento político, antes que en las falsedades del discurso de Vox no hará desaparecer un planteamiento político que tiene la potencialidad de lastrar el funcionamiento democrático del sistema.

La agenda antidemocrática de Vox, y no la pura estrategia política, debería ser el fundamento de la posición de las fuerzas democráticas, capaces de construir una gobernabilidad que no impida las legítimas diferencias de los partidos sin recurrir a la manida fórmula del nosotros contra ellos. Es una lección que deberíamos haber aprendido de Europa: es responsabilidad de los partidos canalizar el conflicto político, evitando que la formación de coaliciones de gobierno dependa de pactar sus programas con aquellas fuerzas que cuestionan el conjunto del sistema.