Shakira afrontará una causa penal por defraudar 14,5 millones a Hacienda
La Agencia Tributaria concluye que debió pagar sus impuestos en España entre 2012 y 2014 y la fiscalía se querellará contra la cantante
Shakira tendrá que afrontar, finalmente, una causa penal en España por fraude fiscal. La Agencia Tributaria ha cerrado su investigación sobre las cuentas de la cantante colombiana y ha concluido que, entre 2012 y 2014, defraudó presuntamente 14,5 millones de euros a Hacienda con los impuestos de la renta (IRPF) y patrimonio. La fiscalía, que ha investigado el caso durante el último año, ha notificado ya a la defensa de la artista que rechaza darle carpetazo, lo que significa que en los próximos días presentará una querella ante el juez por tres delitos de fraude fiscal, según han avanzado a EL PAÍS fuentes cercanas al proceso.
La clave de la investigación sobre Shakira Isabel Mebarak Ripoll radica en saber dónde fijó su residencia fiscal al menos desde 2011, cuando se hizo pública su relación con el defensa del Barça Gerard Piqué. En su contundente informe final, la Agencia Tributaria sostiene que desde entonces vivía en Barcelona. La ley establece que, si un ciudadano pasa la mitad del año (más un día) en España, se le debe considerar residente a efectos fiscales. Tiene que tributar en concepto de IRPF por los ingresos que obtiene en todo el mundo. Y hacerlo al tipo máximo, que ha variado con los años pero que, para las rentas más altas, se sitúa cerca del 50% de los ingresos. Según Hacienda, Shakira simuló vivir en Bahamas para eludir el pago de impuestos.
Los inspectores trataron de acreditar la residencia de Shakira mediante múltiples procedimientos. Examinaron su vida cotidiana: visitaron los establecimientos a los que acude con frecuencia —como su peluquería habitual, en Barcelona— y rastrearon su actividad en redes sociales como Instagram. El informe admite que en ninguno de los tres años bajo investigación (2012, 2013 y 2014) se ha podido probar que pasara en el país más de la mitad del año. El que más se acerca a ello es 2014, con 140 días. La Agencia Tributaria, de todos modos, la considera igualmente residente porque el resto del tiempo tuvo “ausencias esporádicas” motivadas por su trabajo como artista internacional.
Fuentes de la defensa se muestran en total desacuerdo con el criterio fijado en este caso por Hacienda. Las “ausencias esporádicas”, reguladas por el artículo 9 de la ley tributaria, se habían aplicado hasta ahora a los españoles que pretendían (y fingían) establecerse en otro país, por ejemplo Andorra, para pagar menos impuestos. Esas fuentes recuerdan, a modo de ejemplo, los casos de la soprano Montserrat Caballé o de la tenista Arantxa Sánchez-Vicario. “Es la primera vez que se interpreta de esta forma. Primero tendrían que haber probado que vivía aquí, y no lo han hecho”, relatan fuentes de la defensa, que lamentan la decisión de la fiscalía de no archivar la causa y elevarla a la vía penal. Opinan que se trata de un asunto de “interpretación técnico-jurídica” que debió haberse zanjado en vía administrativa.
En sus explicaciones a Hacienda, Shakira dijo que residía en Bahamas, donde en 2004 compró una casa con su expareja Antonio de la Rúa. En 2013, recuerdan fuentes cercanas a la artista, pasó medio año grabando en Estados Unidos el programa La Voz. No fue hasta finales de ese año —cuando tuvo su primer hijo con Piqué— cuando decidió comprar una casa en Esplugues de Llobregat, junto a Barcelona. Shakira se declaró oficialmente residente en España en 2015.
En enero de 2018, la Agencia Tributaria remitió un primer informe a la fiscalía de delitos económicos de Barcelona, que abrió diligencias de investigación. Tras aquel anuncio, los asesores de la cantante decidieron abonar 20 millones de euros para saldar las cuentas con Hacienda relativas al año 2011, ya prescrito penalmente. Lo hicieron no porque admitieran el fraude, sino como paso necesario para regularizar la situación. Sobre los años posteriores, los abogados han mantenido intensas negociaciones con la inspección de Hacienda con el objetivo de cerrar el caso en la vía administrativa. Esas negociaciones llevaron a la fiscalía a dictar una prórroga. Hace unos días, y tras examinar a fondo el último informe, la fiscalía rechazó la petición de la defensa de archivar el caso, por lo que instará a que se abra una causa penal.
La Agencia Tributaria constata la “voluntad” de Shakira de defraudar al haber empleado una sociedad en Luxemburgo para gestionar sus derechos musicales. “Si no era residente, como defendemos, tiene todo el sentido que no lo haga a través de una sociedad de España”, replican fuentes de la defensa. La cuota defraudada, explican fuentes del caso, es similar en los tres años porque obtuvo ingresos por la explotación de sus derechos. En 2011 o 2018, esos ingresos han sido muy superiores porque estuvo de gira. Actualmente, la gran mayoría de ingresos (96%) de Shakira proceden del extranjero; solo el 4% los genera en España.
En un comunicado hecho público la tarde de este viernes, los portavoces de la cantante aseguran que Shakira “no debe ninguna cantidad” a Hacienda y aclara que en los años investigados siguió “el criterio y las recomendaciones precisas de Pricewaterhouse”, que son “especialistas de primer nivel en temas tributarios”. La nota recuerda que la artista colombiana “tiene una actividad profesional muy intensa y fuera de España” y que, por lo tanto, “su estructura familiar es muy diferente de los modelos convencionales”. La oficina de comunicación expresa además la “disposición absoluta” de la cantante a colaborar con Hacienda para “solucionar las diferencias de criterio” y destaca que su conducta fiscal “ha sido intachable en todos los países en los que ha tenido que tributar”.
Una de las cosas que molestó en Hacienda durante la primera etapa fue la escasa colaboración de los asesores. A partir de diciembre de 2017, la consultora Ernst & Young asumió la representación de la cantante ante Hacienda y comenzó a facilitar los datos reclamados por el fisco. Según fuentes del caso, Hacienda estimaba inicialmente una cuota defraudada cercana a los 30 millones, que se ha logrado rebajar hasta 14,5, como fruto de esas negociaciones.
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