La libertad en juego

El traslado forzoso de la Universidad Centroeuropea desde Budapest a Viena forma parte del asalto contra las libertades públicas del primer ministro Viktor Orbán y significa un paso más en su desafío contra el Estado de derecho y los principios democráticos a los que debería obligar la pertenencia de Hungría a la Unión Europea. Este caso, además, resulta especialmente grave porque está teñido de un indisimulado antisemitismo, dado que se trata de un centro de enseñanza financiado por George Soros. Este magnate y filántropo se ha convertido en el enemigo número uno de Orbán, Donald Trump y otros nuevos caudillos ultras —y eso incluye a los dirigentes de Vox— que le acusan de todos los males posibles, entre otros, de financiar la inmigración irregular para acabar con la raza blanca, en un delirio xenófobo que remite a las épocas más negras de la historia europea.

Dirigida por el pensador y político canadiense Michael Ignatieff, la Universidad Centroeuropea ha sido objeto obsesivo de los ataques de Orbán. Promovió una legislación ad hoc con el único propósito de forzar su salida y ha acabado por conseguirlo. “Nos trasladamos a un lugar donde rija el imperio de la ley. Bienvenidos a 2018”, declaró Ignatieff cuando anunció que tiraba la toalla. El motivo de esta ofensiva legal no es solo la alergia de Orbán al pensamiento crítico —algo que también ha demostrado con sus ataques a la prensa—, sino el solo hecho de que contase con la financiación de Soros. Orbán, paradójicamente, pudo estudiar en Oxford gracias a una beca de la fundación del magnate.

La filósofa húngara Agnes Heller, superviviente del Holocausto y de la represión estalinista y una de las grandes pensadoras europeas, describió recientemente el régimen que trata de imponer Orbán como “una autocracia que legitima su poder ilegítimo a través de las urnas”. El dirigente húngaro considera que, una vez que ha ganado las elecciones, puede saltarse principios democráticos elementales, ignorando que son las instituciones las que garantizan los derechos y libertades de los ciudadanos y que un gobernante debe defender tanto a los que le apoyan —que en Hungría son la mayoría— como aquellos que le critican.

La Eurocámara inició en septiembre un proceso de sanción contra Orbán —con la abstención de los diputados populares españoles—, que es el principio de un largo recorrido que requiere la unanimidad de los socios para llegar hasta las últimas consecuencias. La UE se juega en Hungría algo más que su prestigio: si Orbán gana la partida a los derechos fundamentales, estarán en riesgo los principios fundadores de la Europa unida, que son los que han garantizado la libertad y la paz del continente durante las últimas décadas.