Vox: ¿Constitucionalismo iliberal?

Escondida entre otras propuestas, digamos, más llamativas, hemos podido ver estos días que el partido Vox propone la eliminación del Tribunal Constitucional, y la atribución de las funciones de enjuiciamiento de constitucionalidad a una Sala del Tribunal Supremo. Dado que Vox ha articulado una narrativa política cargada de estridencias, desde el discurso anti-inmigración hasta el catolicismo identitario, es probable que muchos ciudadanos piensen que la reforma de nuestro modelo de revisión de constitucionalidad es una cuestión menor en todo este asunto. Pero no lo es. En realidad, dicha reforma está en el corazón mismo de todo lo que de peligroso tiene Vox.

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En el continente europeo han convivido tradicionalmente dos aproximaciones al constitucionalismo. El constitucionalismo legal, que impera en países como España y Alemania, se basa en la existencia de fuertes límites jurídicos al poder, diseñados para evitar la tiranía: una constitución rígida que está por encima de los poderes públicos y un Tribunal Constitucional que garantiza su eficacia y la protección de los derechos fundamentales. En el llamado constitucionalismo político, que impera en Reino Unido, los límites al poder son igualmente fuertes, pero no son legales sino políticos. Ausente el Tribunal Constitucional, siendo soberano el Parlamento, es precisamente esta última institución, así como los mecanismos electorales y de accountability, los que limitan al poder, evitando abusos.

Este par de aproximaciones al constitucionalismo, tradicionales en nuestro continente, se ha visto recientemente complementado con una aproximación nueva, y mucho menos garantista. Se trata de lo que podríamos llamar "constitucionalismo iliberal". En esta aproximación, los límites al poder se relajan, permitiendo el dominio por parte del Ejecutivo de la vida pública. Ejemplos de ello serían los modelos que tratan de implantar los gobiernos actuales de Rusia, Hungría y Polonia. El constitucionalismo iliberal frecuentemente degenera en regímenes híbridos, que mantienen una apariencia democrática pero no son democracias plenas.

La propuesta de Vox de eliminar el Tribunal Constitucional debe analizarse a la luz de este contexto constitucional. En principio, el debate sobre la reforma de las instituciones es legítimo. Muchas democracias impecables funcionan sin Tribunal Constitucional, desde el antedicho Reino Unido a Noruega, Suecia o los Países Bajos. Es más, la reforma que propone Vox parece a priori similar al modelo de Estonia, donde el monopolio de constitucionalidad está atribuido a una Sala del Tribunal Supremo. Sin embargo, creo que caben dos importantes objeciones a la reforma propuesta por Vox.

La primera de ellas es que, aunque muchas democracias consolidadas funcionan sin Tribunal Constitucional, son pocas las democracias jóvenes que lo hacen, al menos en Europa. Los tribunales constitucionales son un instrumento ideado para estabilizar la democracia y la protección de los derechos humanos en países que han padecido dictaduras duraderas. Los tribunales constitucionales señalan la voluntad de una comunidad política de regirse por principios democráticos. En este sentido, es cierto que Reino Unido funciona bien sin Tribunal Constitucional, pero no es menos cierto que España no es Reino Unido.

El segundo argumento tiene, creo, incluso más importancia. Se trata de que Vox no ha presentado la letra pequeña de su propuesta, y es aquí donde pueden aparecer los problemas. Poco sabemos de su nueva, pretendida, Sala de lo Constitucional del Tribunal Supremo. ¿Quién elegiría a sus miembros? ¿Qué competencias tendría? ¿Tendría poderes para proteger las instituciones democráticas y los derechos fundamentales de forma independiente?

Estas cuestiones son de una importancia vital, pues la perspectiva comparada no es halagüeña. Cuando otros partidos de ideario similar al de Vox han llegado al poder, su primera actuación ha sido asaltar los tribunales constitucionales. En Polonia y en Hungría, las jurisdicciones constitucionales han sido radicalmente modificadas para ponerlas al servicio del Gobierno. En lugar de incrementar la independencia de los tribunales constitucionales, los gobiernos iliberales de estos países han tratado de subyugarlos, recortando sus poderes, bloqueando su actuación o llenándolos de magistrados afines. No es sorprendente. Lo que tratan de hacer estos gobiernos es alterar la jerarquía tradicional del constitucionalismo liberal, según la cual la Constitución está por encima de los poderes públicos. En lugar de esto, en el constitucionalismo iliberal, el Ejecutivo está, de facto y mediante el asalto al Tribunal Constitucional, por encima de la Constitución.

La propuesta de Vox de suprimir el Tribunal Constitucional puede parecer anecdótica, pero es en realidad de una importancia capital. Si en algún momento llegan al poder en nuestro país partidos políticos extremistas, solo unas instituciones sólidas podrán garantizar la pervivencia de nuestras libertades políticas. Una jurisdicción constitucional sana e independiente puede ser una de ellas. Los partidos políticos iliberales ya se han dado cuenta de esto, y por eso tratan de poner las instituciones a su servicio allá donde gobiernan. Frente a ello, la ciudadanía debe reclamar instituciones que cumplan su función democrática, pues solo podemos ser libres en el contexto de instituciones que hagan posible nuestra libertad.

Pablo José Castillo Ortiz es doctor en Derecho y Ciencias Políticas, y profesor de derecho en University of Sheffield (Reino Unido).