Armonizar derechos

La construcción del mercado único digital es un eje estratégico de la Unión Europea que requiere el impulso a la libre circulación de contenidos culturales en el marco de un comercio electrónico transfronterizo. Paralelamente, se hace necesario salvaguardar los derechos de los creadores, obligados a desenvolverse en un entorno cada vez más global.

Fenómenos nuevos como los servicios de streaming, la radiodifusión online o la televisión a la carta exigen armonizar la legislación europea y redefinir el concepto de propiedad intelectual bajo un principio básico: tiene que estar protegida para evitar el uso fraudulento del talento y la creatividad.

Lamentablemente, las nuevas tecnologías han fomentado la piratería de una manera colosal. De ahí que la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que esta semana ha sido respaldada con una rara unanimidad durante su tramitación en el Congreso de los Diputados, promueva medidas más operativas para cerrar las páginas web que alojen contenidos sin la autorización de sus legítimos propietarios. Para atajar de manera más contundente la piratería, una comisión nombrada por el Ejecutivo podrá clausurar webs sin intervención judicial. Es este un sistema menos garantista que el actual, si bien se presume más rápido y eficaz a la hora bloquear actos ilegales.

La nueva ley, que adapta dos directivas comunitarias, aspira también a establecer unas reglas de juego claras para mitigar los seculares conflictos entre las entidades de gestión colectiva y los usuarios que utilizan su repertorio. Los derechos de autor están vinculados a la libertad de pensamiento y de expresión y en su defensa se implicaron con tesón desde Victor Hugo a Dickens. Pero los tiempos han cambiado, y el desarrollo digital exige adecuar la legislación tanto a las nuevas necesidades de los creadores como a la evolución de las industrias culturales y de comunicación. Se trata de que la remuneración sea justa y equitativa, es decir, que las tarifas se ajusten al grado de uso del repertorio. No parece tener mucho sentido que empresas radiofónicas cuyo principal contenido es la palabra paguen por la música que emiten (a todas luces, irrelevante para su audiencia) más que aquellas otras en las que las canciones son la materia prima.

En el ecosistema digital se hace necesario velar por la neutralidad tecnológica, regular las licencias multiterritoriales, ahondar en la transparencia a la hora de los repartos y reclamar reciprocidad, de manera que no se abonen en España derechos no reconocidos por terceros países. La propiedad intelectual tiene una incuestionable vertiente económica, pero la creación debe entenderse también como un patrimonio de toda la sociedad que hay que preservar.