Invertir en infancia

Hay realidades sociales que no son visibles y solo podemos hacernos cabal idea de su extensión a través de las estadísticas. Es el caso de la pobreza infantil. El hecho de que no veamos niños desvalidos por la calle según el imaginario de pobreza heredado de Dickens no quiere decir que no exista, y, de hecho, no solo existe sino que ha aumentado en los últimos años a causa de la crisis. España es el tercer país de la UE con mayor pobreza infantil, solo por detrás de Rumania y Bulgaria. El 28,3% de los menores, según Eurostat, están en riesgo de pobreza, pero lo más preocupante es el medio millón de niños que sufren carencias materiales severas. Carencias en la comida, en la ropa y en cuestiones básicas que afectan a su bienestar, como la calefacción, o a su educación, como el acceso a Internet o a la lectura. Disponemos de legislación avanzada, como la Ley de la Infancia de 2010, y de instrumentos políticos de intervención, como el nuevo Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil, pero de poco servirán si no se destinan más recursos. Las prestaciones económicas para niños en situación vulnerable apenas representan el 0,6% del PIB, cuando la media europea es del 1,2%.

La pobreza infantil está muy vinculada en España a la situación de paro y precariedad laboral que viven muchas familias. El 60% de los niños en riesgo de pobreza forman parte de familias monoparentales, es decir, que solo tienen un ingreso. La inestabilidad en el empleo y la temporalidad hacen que la vida de los niños sea también precaria e imprevisible, lo que se traduce en un peor desarrollo físico y un peor rendimiento escolar. En los congresos de salud pública se cita con frecuencia la obesidad infantil como una de las nuevas caras de la pobreza. La mala nutrición está en la base del sobrepeso infantil, una condición que cuando crezcan les pasará factura en forma de diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Pero el mayor impacto de la pobreza incide sobre las oportunidades de futuro de esos niños. Por eso es preciso un pacto de Estado que garantice los recursos indispensables para atender las necesidades urgentes, pero también para abordar políticas preventivas que incidan en las causas. Las prestaciones económicas que las familias pobres reciben apenas alcanzan ahora 24,25 euros por niño y mes, una cantidad irrisoria comparada con las necesidades. Muchas de las ayudas se gestionan a través de desgravaciones en la renta, pero las familias más pobres ni siquiera se benefician de ellas porque no ingresan lo suficiente para presentar declaración. Es preciso revisar a fondo el actual entramado de prestaciones y articular un sistema integral de ayuda, accesible y transparente, que sitúe las ayudas económicas por hijo en cifras acordes con la capacidad de nuestro país, que no deberían ser inferiores a 100 euros mensuales.