Desigualdad digital

Disponer de un buen acceso a Internet se ha convertido en un requisito imprescindible para el desarrollo personal y social de cualquier ciudadano. De ese acceso depende su capacidad para mantener interacciones económicas y sociales y también para poder ejercer derechos fundamentales. Sin embargo, no todos los españoles gozan en estos momentos de la misma capacidad de acceso a la sociedad en red. Las medidas adoptadas desde que en 2009 se aprobó el Plan Avanza en el marco del programa de la UE han permitido una mejoría notable, pero todavía insuficiente. En 2016 el porcentaje de población con acceso a Internet era del 81%, frente al 37% de 2003, y la penetración de la banda ancha fija en los hogares españoles alcanzaba el 71%, pero con una distribución desigual. En zonas de baja población el uso de Internet es hasta siete puntos menor a la media.

La dificultad para aprovechar los usos beneficiosos y avanzados de Internet se ha convertido en un nuevo factor de exclusión social y de desigualdad territorial. Las diferencias en el acceso son un factor de inequidad y un lastre para el crecimiento económico. Todavía quedan amplias zonas a las que no llega la banda ancha y la cobertura disponible no solo es de mala calidad sino también insegura. Cualquier contingencia deja sin servicio a los usuarios hasta el punto de que la fragilidad de las conexiones se ha convertido en una dificultad añadida para la economía de las zonas geográficas menos dotadas. De ello se resiente desde el turismo rural, que con frecuencia se encuentra con dificultades para gestionar las reservas, hasta la calidad de los servicios.

En el debate sobre la provisión de infraestructuras no se presta suficiente atención a la importancia que tienen las que garantizan el acceso a la sociedad en red. Ahora se ha puesto en marcha un proceso de digitalización de la Administración pública que en unos casos obliga y en otros fomenta que los ciudadanos se relacionen digitalmente con ella cuando todavía hay un porcentaje muy importante de población que no tiene ni la infraestructura ni los conocimientos necesarios para poder mantener una relación eficaz. Que unos ciudadanos puedan relacionarse con mayor facilidad con las Administraciones públicas y puedan beneficiarse mejor de los muchos servicios que se prestan a través de Internet es una nueva fuente de injusticia social. En la sociedad del conocimiento el acceso a Internet debe entenderse como un bien social de primera necesidad y si el mercado no es capaz de proveer una infraestructura de calidad, los poderes públicos deben intervenir para garantizarla. La igualdad de acceso es tan importante que debería incluirse en una eventual reforma de la Constitución como un bien social no opcional, es decir, un bien a proteger como se protege el derecho a la salud o el derecho a la educación.