Caso no resuelto

Aunque el Tribunal Supremo no haya apreciado indicios de delito en la concesión de un título de máster al diputado y líder del PP Pablo Casado, el escándalo no ha concluido y sigue afectando gravemente a la reputación de la Universidad Rey Juan Carlos y, por extensión, a todo el sistema universitario español. El Supremo ha decidido no imputar a Casado por un delito de prevaricación administrativa y cohecho impropio alegando que no había indicios del primer delito y el segundo, si existiera, habría prescrito. Pero ha dejado serias dudas sobre la forma en que el líder del PP obtuvo el máster al indicar que hay indicios de que recibió un trato de favor. En coherencia con esta decisión del Supremo respecto de uno de los implicados, que es aforado, la juez ha decidido archivar la causa para todos los demás, alegando que el argumento vincula a todos y no se puede dar un trato diferente por los mismos hechos a los que no están aforados. Pero en la instrucción practicada por la juez, otras dos alumnas habían reconocido irregularidades y una de ellas admitió que se le había dado el título sin hacer nada previo acuerdo con el director.

El caso no está cerrado porque la propia universidad ha presentado recurso contra el archivo. Al margen del devenir judicial que finalmente tenga, lo peor que podría pasar es que el asunto se cerrara sin que las irregularidades que ya se han demostrado tengan consecuencias y el fraude cometido en la expedición de algunos de los títulos quede impune. Supondría un escarnio para quienes han obtenido el máster después de asistir a clase y entregar todos los trabajos, que otros alumnos que no han hecho los méritos necesarios y han obtenido el título sin esfuerzo puedan seguir exhibiéndolo como legítimo.

Lo ocurrido atenta contra uno de los principios de la vida académica, que es la meritocracia. Los estudios de posgrado sirven para capacitar profesionalmente a quienes los cursan y no tienen sentido si solo sirven para exhibir un título que no acredita haber alcanzado los conocimientos que se imparten. Dejar este asunto sin respuesta agravaría el descrédito que ya ha causado al conjunto del sistema universitario. Tampoco ayuda a restablecer ese crédito el que un escándalo posterior haya desvelado que se produjo una convalidación masiva de títulos a abogados italianos a cambio de un precio.

Parte de las irregularidades se produjeron cuando aún no se habían extendido los controles inherentes al nuevo sistema de estudios surgido del plan Bolonia. El hecho de que en el nuevo sistema una parte importante de los ingresos de la universidad dependa de los títulos de postgrado debe hacer extremar la vigilancia sobre los contenidos y la forma en que se imparten los 3.540 másteres que ofrecen las universidades españolas.

El prestigio perdido solo podrá recuperarse redoblando los esfuerzos de control y transparencia y exigiendo responsabilidades por las irregularidades cometidas. La Universidad Rey Juan Carlos suspendió la investigación interna al abrirse diligencias judiciales. Al margen de cómo se resuelva el recurso presentado, debe reabrir el expediente y depurar las titulaciones fraudulentas.