Por qué hablar de transporte es hablar de cambio climático, empleo y salud

El cambio climático nos está exigiendo replantear nuestro modelo de desarrollo y nuestro futuro en el planeta obligándonos a pensar acerca de las necesidades reales que tenemos y las que no lo son tanto. Hablemos, por ejemplo, del transporte. Necesitamos desplazarnos, sí, pero ¿necesitamos tantos coches?

A poco que lo pensemos con detenimiento sabemos que la respuesta es no. El excesivo parque automovilístico ocupa el 65% de nuestro espacio público, perjudica nuestra salud y, en el caso del coche particular, éste pasa el 95% del tiempo aparcado. Además, el sector transporte es la mayor fuente de gases de efecto invernadero (GEI) en nuestro país: representa el 25% de las emisiones totales y casi el 40% de las emisiones de los sectores difusos.

Considerando los objetivos de reducción de emisiones marcados para España (el 26% en 2030 respecto a 2005) y la existencia de alternativas (inversiones en transporte público de calidad, planificación urbana, vehículo eléctrico, etc.) sorprende la resistencia, en estos días tan patente, a caminar en dirección opuesta a una movilidad baja en carbono.

El 1 de septiembre entró en vigor el nuevo test de emisiones de CO₂ (WLTP). Dicha prueba busca disminuir la brecha existente entre los resultados de emisiones de CO₂ en condiciones reales y en laboratorio que, en algunos casos, supera el 40%. A pesar de que la nueva prueba sigue dando valores por debajo de los reales, a los fabricantes les preocupa que el aumento del impuesto de matriculación, derivado de unos valores más elevados de CO_2, afecte a las ventas, hasta el punto de pedir una demora en su aplicación. Demora que les ha sido concedida.

La industria alegará pérdida de empleo, pero hay evidencia de que este cambio puede impulsarlo, subir el PIB y reducir costes a los consumidores

Menos se ha hablado, sin embargo, de los 12.000 millones de euros que los particulares podrían haberse ahorrado con unas pruebas más fieles a la realidad, gracias a un cálculo más verosímil del gasto de combustible. Además, si dicho impuesto se basa en el principio de que «quien contamina, paga», no es que ahora se fuera a pagar más, sino que antes pagábamos menos de lo que nos correspondía. Como tampoco el diésel ha sido nunca más barato, pero tenía menos impuestos. Una rebaja al precio de cualquier producto sirve para promocionar su venta, y es lo que ha sucedido con esta moratoria. Mientras debiéramos caminar con urgencia hacia una movilidad cero emisiones, se promueve la venta de los coches que más contaminan con consecuencias obvias en el cambio climático, en nuestra salud y en la economía.

Existe la responsabilidad pública de regular los niveles de contaminación y de emisiones de CO₂ y esta era una oportunidad para transitar hacia un nuevo modelo de transporte. Pero aún queda otra. Este mes de septiembre los Estados miembros y eurodiputados discuten sobre cuáles serán los estándares de CO₂ de la Unión Europea después de 2020. La poco ambiciosa propuesta de la Comisión Europea debe ser mejorada tanto en el Parlamento como en el Consejo, donde la posición de España será clave para conseguir objetivos coherentes con el Acuerdo de París. Del alineamiento de nuestro gobierno con los ministerios de medio ambiente más progresistas como el de Holanda o con propuestas como la de la eurodiputada Miriam Dalli, dependerá que el sector del automóvil haga esfuerzos para adaptarse al nuevo modelo de movilidad y transporte.

La industria alegará pérdida de empleo, pero hay evidencia de que este cambio puede impulsarlo, subir el PIB y reducir costes a los consumidores. Si tenemos en cuenta que actualmente los fabricantes europeos invierten siete veces más en China que en Europa debido a la ausencia de objetivos claros en cuanto a ventas de vehículos cero emisiones en la UE, no es difícil imaginar que será precisamente la oposición al cambio y el enrocarse en los combustibles fósiles lo que destruya los empleos vinculados al sector y haga imposible conseguir los Objetivos de París.

Míriam Zaitegui, experta en transporte y políticas de cambio climático de ECODES.

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