Falsa libertad

Ha hecho bien la directora general de Trabajo, Concepción Pascual, en presentar su dimisión y la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, en aceptársela por haber permitido la inscripción de un sindicato de trabajadoras del sexo sin haber obtenido la aquiescencia para una decisión política de esa trascendencia. El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado 4 agosto la inscripción administrativa del sindicato OTRAS, acrónimo de Organización de Trabajadoras Sexuales, entidad constituida en Barcelona, sin que el asunto hubiera sido objeto de discusión previa. El Gobierno estudia ahora la forma de revertir esa autorización, pero es evidente que la dirección general que ha permitido el registro oficial ha actuado con precipitación y sin el amparo político necesario.

La regulación de la prostitución ha sido y es objeto de fuerte controversia en la sociedad y también dentro del partido del Gobierno. De hecho, la primera iniciativa legislativa para regular la protección laboral de las prostitutas partió del partido socialista en Cataluña, cuando formaba parte del Gobierno de la Generalitat, y no prosperó precisamente por la oposición que suscitó en el propio partido y en el movimiento feminista. La directora general no podía ignorar lo delicado de esa decisión y, por tanto, es muy razonable que haya dimitido de su cargo.

Legalizar un sindicato de prostitutas significa reconocer de algún modo a la prostitución como actividad laboral, pero la venta del cuerpo no puede considerarse nunca un trabajo. La prostitución no es ahora una actividad ilegal, pero tampoco legal, y admitir que pueda haber una relación laboral implica dar cierta cobertura a una actividad que se nutre fundamentalmente de la explotación forzosa de las mujeres.

Quienes defienden la regulación apelan a la libertad de las mujeres para utilizar su cuerpo y sostienen que es mejor reconocerles determinados derechos sociales y laborales que dejarlas a la intemperie que supone la actual situación de alegalidad. No dudamos de que puede haber mujeres que hayan decidido libremente prostituirse. Su decisión tiene que ser respetada, pero a la hora de otorgar cobertura laboral a su actividad deben tenerse en cuenta las consecuencias que una decisión de este tipo tendría para todo el colectivo y para el conjunto de la sociedad.

El argumento del mal menor no puede ser aceptado en un asunto en el que está en juego no solo la dignidad sino la libertad de las mujeres. Porque ciertamente puede haber algunas que ejercen la prostitución por decisión libre, pero son una minoría tan exigua que en absoluto pueden considerarse representativas. Estamos muy lejos de poder garantizar una verdadera libertad de elección. La realidad es que la inmensa mayoría de las prostitutas ejercen forzadas, algunas porque no tienen una opción mejor para subsistir y muchas otras porque han sido sometidas por la fuerza y viven en condiciones de esclavitud. Reconocer la prostitución como una actividad económica más supondría dar cobertura legal a una de las formas más crueles y degradantes de violencia contra las mujeres.