Aire fresco para la política social de Defensa

Hoy está prevista la comparecencia de Margarita Robles en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados. Se espera que la misma la ministra dé a conocer las líneas de la acción del Gobierno en relación con la política de Defensa en todas sus múltiples dimensiones. Desde su nombramiento se han producido algunas declaraciones y gestos que permiten aventurar que las políticas sociales van a tener un lugar destacado en el ministerio.

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En ocasiones anteriores, con otros responsables políticos, ha habido referencias a este ámbito, por lo que no ha de sorprendernos que en un escenario como el actual estas cuestiones reaparezcan, ya que nunca se resolvieron adecuadamente y pueden ser entendidas como de mayor rédito político en una legislatura limitada en el tiempo. Cuestiones como la movilidad geográfica, la conciliación de vida laboral y familiar, la atención a los heridos y a las familias de los militares fallecidos, la situación de las familias durante los periodos de maniobras, de embarques o misiones, la tolerancia cero frente al acoso, las medidas de acción positiva para con las mujeres militares y los que estén en situación de discapacidad sobrevenida, las listas de espera en las guarderías, las indignas condiciones de vida y trabajo en las unidades militares, las dificultades para poder promocionar o prepararse para la búsqueda de empleo, entre otras, están pendientes después de largos años de ser identificadas como problemas necesitados de solución.

¿Es suficiente un impulso político decidido o son necesarios también cambios en las estructuras y en las personas que han sido responsables de este fracaso continuado en las políticas sociales para los militares y sus familias? El impulso político es sin duda el punto de partida. Parece que todo apunta a que puede existir. Las actuales estructuras del Ministerio de Defensa para dar cobertura a las políticas sociales de los y las militares y de sus familias requieren un cambio radical. Este pasa por reforzar y centralizar competencias, órganos y funciones en el propio ministerio, y por el trabajo en red, de tal manera que las pautas de dirección sean verdaderamente comunes a todos los miembros de las Fuerzas Armadas y no quedan al albur de decisiones de los mandos de personal de los Ejércitos y de la Armada, que operan como si de compartimentos estancos se tratase, sin el liderazgo de los órganos centrales del ministerio. Esto no favorece la igualdad de trato y la eficacia de las medidas y acciones.

Quienes estén al frente de estas políticas deben ser personas que se caractericen por su capacidad de relacionarse con los destinatarios de sus acciones, más allá de aspectos formales, posibilitando y favoreciendo un contacto personal y directo, facilitando su empoderamiento y estableciendo un sistema de relación personal con todos y cada uno de los afectados, como existe en otros ámbitos de la acción social. Esta forma de trabajar no se improvisa y no es, ni ha sido, la que se ha llevado a cabo en los últimos años. La situación sugiere cambios de calado y aire fresco.

Además, es absolutamente imprescindible que las políticas sociales del Ministerio de Defensa, como núcleo esencial de la política de personal, tengan el mismo rango que las políticas de armamento e inversiones. Las segundas se gestionan en el ámbito de una Secretaría de Estado, mientras que las primeras lo son en el marco de una Subsecretaría.

La política social del Ministerio de Defensa tiene además una incidencia directa en el desempeño de la misión que tienen encomendada las Fuerzas Armadas. Que la retaguardia esté bien atendida es capital para la moral de quienes prestan servicio en condiciones de máxima exigencia personal: lo que, en muchas ocasiones, comporta alejarse de la familia y no poder contribuir a la resolución de sus problemas. Además, la relación con el ejercicio del derecho profesional a la carrera militar es directa. Muy complicado es poder hacer efectiva la ocupación de diferentes destinos, el ascenso a los sucesivos empleos y la progresiva capacitación para puestos de mayor responsabilidad, si no hay detrás una auténtica política social.

Las Fuerzas Armadas estarán en mejores condiciones de darnos defensa y seguridad si priorizamos la atención social a sus miembros y a sus familias. Ahora tenemos una oportunidad para llevarlo a la práctica y hacer un cambio de modelo.

Mariano Casado es miembro del Observatorio de la vida militar, dependiente del Parlamento.