Irán establece lugares aprobados para protestar

Los iraníes van a contar a partir de ahora con espacios en los que aventar su malestar con la situación económica o política del país. En un intento de conjugar sus promesas de apertura social y las restrictivas leyes de la República Islámica, el Gobierno de Hasan Rohani acaba de aprobar la designación de manifestódromos.De momento, se han anunciado una docena de lugares en Teherán, pero la medida va a extenderse al resto de Irán. Muchos sospechan que es un intento de controlar las eventuales protestas.

Las dictaduras siempre han visto con recelo las discrepancias y reprimido su expresión. A pesar de su pretendida “democracia islámica”, Irán no es distinto. Aunque la Constitución iraní reconoce el derecho a manifestarse “de forma pacífica y sin armas” y siempre que no se atente contra el islam (artículo 27), en la práctica no se toleran las críticas al sistema de gobierno, es casi imposible lograr permiso y hay una larga trayectoria de represión de las protestas no autorizadas.

Sin embargo, la creciente presión social ante el deterioro de la situación económica puede haber llevado a otros cálculos políticos. Tras las algaradas que estallaron a finales del año pasado y principios de este, el moderado Rohani defendió el derecho de los iraníes a criticar al Gobierno y sugirió la designación de espacios para ello.

Entre la docena de sitios aprobados ahora hay varios estadios, incluido el famoso Azadí (Libertad), parques públicos y un área cercana al Parlamento. El periódico ultraconservador Kayhan cuestionó inmediatamente el plan. “La tarea del Gobierno es resolver los problemas, no designar lugares de asamblea”, dice en un editorial.

El diario reformista Etemad, que publicó su localización en portada, celebró la decisión como “un paso hacia el reconocimiento del derecho de la gente a manifestarse de forma pacífica”. Algunos observadores han expresado dudas sobre la puesta en práctica del proyecto. El diputado Ghasem Nikou, por ejemplo, señala que los manifestantes necesitan garantías de que no se les va a encausar por asistir a asambleas convocadas en esos lugares.