‘Kamalari’ y otras tradiciones que esclavizan a la mujer en Nepal

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Urmila era una niña de cinco años de una zona rural de Nepal cuando fue vendida por algo menos de 20 euros a una familia de la capital. “Tuvimos que caminar durante varios días hasta Katmandú y perdí mis sandalias nuevas al cruzar un río”. Es lo único que recuerda de aquel acontecimiento que marcó su vida. Sus padres, como muchos miembros de la comunidad Tharu del suroeste del país, aceptaron la oferta ante la promesa de un futuro mejor para su hija. Como ya ocurriese con su madre y su abuela, Urmila fue víctima de un tráfico de menores tan viejo como la pobreza. Perdió sus sandalias y su infancia tras diez años trabajando como cocinera y limpiadora en casas de familias de clases altas. Pero la Urmila Chaudhary de hoy es abanderada de la lucha contra la tradición kamalari (un sistema por el cual se paga una supuesta deuda con años de servicio doméstico), una de las muchas formas de violencia machista que afectan a la mujer de Nepal.

Dos décadas después de su travesía por el trabajo infantil, la Urmila Chaudhary de 25 años viaja ahora para promocionar la película sobre su vida My memory is my power; un documental en el que se detalla su lucha por la erradicación de la tradición kamalari, por la que se convirtió en la primera asiática en recoger el premio de derechos humanos Theodor-Haecker en 2017. Desde 2010, su organización (Freed Kamlaris Development Forum) ha conseguido la liberación de más de un millar de niñas (alrededor de 13.000, gracias a otros grupos) presas de la esclavitud debido a esta tradición ancestral. “Hemos logrado que la sociedad reconozca la importancia de proteger a la mujer”, resume Urmila. Una generación después, hay cambios, pero queda aun mucho por hacer.

El reconocimiento de la labor de esta y otras organizaciones coincide con los intentos de Nepal por acabar con formas de discriminación y violencia hacia la mujer. El pasado mes de agosto de 2017, el parlamento aprobó una ley en la que criminalizaba, entre otras prácticas, el chauppadi: la tradición hindú que obliga a las mujeres a permanecer fuera de casa durante la menstruación para preservar la pureza del hogar. Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos de la mujer señalan que el Tribunal Supremo del país asiático ya había prohibido esta tradición en 2005. La práctica sigue tan presente en las zonas deprimidas del oeste del país que a comienzos del presente año se conoció el caso de la última víctima mortal hasta la fecha.

“El problema no reside tanto en la aprobación de nuevas leyes, sino en la implementación efectiva de las ya existentes”, explica Kirti Thapa. La responsable del Programa Contra la Violencia Machista de la agencia de la ONU para la Mujer en Nepal enumera los ejemplos: "Hay muchas normas que criminalizan la violencia machista: la Ley para el Control sobre Acusaciones de Brujería, la Ley sobre Matrimonio Infantil o la Ley de Violencia Doméstica. Esta última fue aprobada ya en 1996, pero la gente desconoce su existencia".

Desde 2010, la organización de Urmila ha conseguido la liberación de más de un millar de niñas presas de la esclavitud debido una tradición ancestral

En la última década, la pequeña nación del Himalaya ha dado pasos de gigante en la defensa de los derechos de la mujer. Por ejemplo, con la inclusión en el código penal de las tradiciones ya mencionadas o formas más complejas de violencia machista, como la violación conyugal. Sin embargo, Nepal ocupa el puesto 144 (de 188 países) en el Índice de Desigualdad de Género de la ONU, por debajo de sociedades vecinas e igualmente patriarcales como India o Bangladés, y tan convulsas y machistas como Irak. En ausencia de normas apremiantes que condenen directamente la dote o los ataques de ácido, las organizaciones nepalíes esperan que Ley para Acabar con la Violencia Contra la Mujer, pendiente de aprobación este año, sea el paraguas que unifique la normativa vigente y, sobre todo, refuerce su ejecución.

Más allá de las leyes, información y aplicación efectiva

Las demandas de organizaciones expertas van más allá de la aprobación de leyes. “Tiene que mejorar en el acceso a la información, la mayor formación de las fuerzas de seguridad y el refuerzo de las autoridades locales para que ninguno de los infractores se beneficien de la impunidad rampante”, resume Jyotsna Maskay, de la Alianza Nacional de Mujeres Defensoras de los Derechos Humanos (NAWHRD), organización decana en la lucha contra el patriarcado estructural de la sociedad nepalí.

Las expertas destacan la escasez de recursos a nivel local, alegando que el Gobierno no destina fondos para compensar a las víctimas aunque las leyes aprobadas hace décadas establezcan tales provisiones. “Por continuar con el mismo ejemplo, la Ley de Violencia Doméstica establece compensaciones para las supervivientes pero los gobiernos regionales y locales o no destinan fondos o estos son mínimos”, insiste Kirti Thapa. “Es hora de ir más allá de la legislación y centrarnos en la aplicación”.

La ausencia de fondos, o su malversación, tiene unos efectos especialmente devastadores en las zonas rurales deprimidas, donde la discriminación germina al calor de otros males endémicos como la falta de infraestructuras, la educación o la higiene. “En los pueblos de Nepal, las viudas son analfabetas y no tienen otro futuro que servir de trabajadoras domésticas para sus familias. El empobrecimiento de estas zonas, unido a la falta de datos, hace que casi no se tenga una idea del grado de discriminación que sufren”, explica Lily Thapa, fundadora de Mujeres por los Derechos Humanos (Grupo de Mujeres Solteras). Desde 1994, esta organización lucha contra la discriminación legal y social a madres solteras y viudas nepalíes; tiene más de 2.500 grupos de mujeres distribuidos por los rincones más remotos de la geografía del país.

El Nepal rural no solo concentra a la mayor parte de la población sino que también condensa tradiciones arcaicas nocivas

El trabajo de concienciación y sensibilización de las zonas aisladas es el elemento diferenciador para el progreso. El Nepal rural no solo concentra a la mayor parte de la población, sino que también condensa tradiciones arcaicas nocivas, combinación de creencias religiosas y precariedad económica, que hacen más vulnerables a las potenciales víctimas. “Es mejor invertir en los factores que causan la violencia machista que en los remedios”, sentencia Jyotsna Maskay. Así lo demanda a sus autoridades una sociedad que eligió a 14.000 mujeres (cerca del 50%) como representantes locales en las primeras elecciones generales después de aprobar su reciente Constitución y tras décadas de inestabilidad política.

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