Los ERE de Andalucía

La pieza política de los expedientes de regulación de empleo (ERE) de Andalucía avanza con paso firme y escasas sorpresas. Superadas ya las sesiones más mediáticas, con las declaraciones de los altos cargos —entre ellos los dos expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán—, lo deseable sería que la justicia determinara cuanto antes las responsabilidades de cada cual; una tarea difícil si se tiene en cuenta que la macrocausa suma 91 piezas en las que se mezclan ayudas millonarias correctamente concedidas con desvíos irregulares y el cuestionamiento del procedimiento específico aplicado para otorgarlas. Es un cóctel explosivo, en definitiva, por el que ya han pagado el precio político los encausados. La Audiencia de Sevilla determinará si hay también responsabilidad penal. Solo su veredicto despejará la sospecha razonable de que el PP ha cargado las tintas por este caso contra la Junta de Andalucía, gobernada por los socialistas desde hace 35 años.

Tanto Chaves como Griñán han argumentado en su defensa que los detalles de cómo se adjudicaban las ayudas (855 millones en diez años) no eran de su competencia y que desconocían los informes de la Intervención General alertando de las “deficiencias” del sistema. Son cuestiones que, probablemente, se gestionaban en escalones inferiores, lo que dio pie y origen al escándalo de un director de Empleo que benefició presuntamente con esas ayudas a su suegra y a su chófer, como mínimo. De no haber responsabilidad penal para ambos expresidentes es evidente que sí que la tuvieron a nivel político en el control del dinero público, por lo cual ya han pagado un precio.

No es sensato afirmar que este es el peor caso de corrupción de este país o que los responsables socialistas idearon un mecanismo para delinquir. La línea presupuestaria para las ayudas se aprobaba cada año en el Parlamento andaluz y el procedimiento específico es muy similar al que utilizan otras administraciones, incluida la del Gobierno central del PP. De hecho, los jueces han sentado en el banquillo también a dos de sus representantes. Aun así, bienvenida sea la revisión de lo ocurrido para estrechar los controles, desenredar este embrollo político y penal y acabar con la corrupción, la malversación de dinero público y el clientelismo, que tanto daño han hecho a la confianza de los ciudadanos en la política.