Utilizar a las víctimas

La de ayer fue una jornada negra para el legislativo español. No porque la bronca política fuera áspera —algo esperable de un Parlamento—, sino por el empeño del Gobierno de Rajoy en apelar al dolor y a la comprensible sed de venganza de las víctimas para defender la prisión permanente revisable. El llamamiento del diputado popular Bermúdez de Castro para que la oposición mirase a la cara a los padres de jóvenes asesinados y/o desaparecidos antes de decidir resume a la perfección la bochornosa estrategia gubernamental. Por si había alguna duda, estos fueron después recibidos por Rajoy.

Las víctimas de crímenes horrendos deben tener un lugar destacado en las políticas gubernamentales. Estas deben contar no solo con ayudas estatales, sino con una protección especial y un acompañamiento que mitigue todo lo posible su dolor. Pero no deben intervenir en ningún modo en la labor legislativa punitiva, salvo que lo que se busque sea venganza y no la justicia rehabilitadora que inspira el ordenamiento jurídico español. Salvo que se busquen también —y este parece el caso— argumentos más guiados por la demagogia con fines electorales que por la razón.

Todos los sondeos coinciden en señalar a Ciudadanos como una amenaza electoral para el Partido Popular, lo que permite interpretar las posiciones de ambos partidos respecto a la prisión permanente como una guerra sin cuartel para atraer al electorado más conservador. Solo así se explica que sin esperar el dictamen del Tribunal Constitucional sobre la prisión permanente instaurada por el PP en 2015, el Gobierno se haya lanzado a proponer nuevos supuestos que —¡coincidencia!— responden a casos de delitos recientes, como el de Diana Quer. Y solo así se explica el bandazo de Ciudadanos, que ahora apoya esta nueva pena después de haber sido contrario a ella.

La derogación de la prisión permanente revisable seguirá su largo y tortuoso camino parlamentario; muy incierto ahora tras el cambio de la formación de Albert Rivera. El debate sobre esta nueva modalidad de pena, que supuso introducir de facto la cadena perpetua en España, está plagado de espinas. Las penas españolas son de las más altas de Europa y la prisión permanente facilita por una parte la reducción del cumplimiento de la pena máxima (40 años) y, por otra, introduce un elemento subjetivo (la opinión de un juez al revisar la condena) que incrementa la incertidumbre del reo acerca de la liberación. Muchos penalistas critican, además, su inutilidad. “Sin ella vencimos a ETA”, argumentó acertadamente el socialista Juan Carlos Campo, “y con ella no evitamos la muerte de Gabriel”.

Ninguna pena (puede que ni siquiera la de muerte) será consuelo suficiente para los padres de un menor asesinado. Ninguna puede ser elaborada con tal fin. El Gobierno y ahora Ciudadanos desenfocan el problema con un populismo que aterra y que pervierte el final último de la legislación penal de un país democrático que, como España, registra un bajo nivel de delincuencia y una elevadísima ocupación carcelaria.