Lección desde el horror

La tragedia guarda en ocasiones un espacio insospechado para las lecciones, y esta vez ha sido la propia madre-víctima, Patricia Ramírez —que ha perdido a su hijo de ocho años—, quien ha dado a la opinión pública una lección de gran significación política y social. La madre de Gabriel Cruz, fallecido supuestamente a manos de la nueva pareja de su padre, pidió ayer “que no se extienda la rabia, que nadie retuitee cosas de rabia porque ese no es mi hijo y no soy yo”.

Sus palabras son particularmente valiosas al proceder de la persona de la que sin duda más se podría comprender y perdonar una reacción contraria: la del odio, el deseo de venganza, el endurecimiento de las penas y las consecuencias políticas fáciles y oportunistas de un caso que probablemente no habría variado en un contexto diferente.

Por el contrario, Patricia Ramírez no solo aporta una lección de calma a un ambiente enrarecido por la exigencia en la calle y en las redes de un castigo ejemplarizante rayano en la venganza, sino que sitúa a toda la sociedad ante un estándar moral de gran altura del que nadie debería permitirse descender. Las apelaciones al odio, a la venganza y a la justicia popular —“¡que la saquen!”— que corrieron desde el domingo de perfil en perfil de las redes y en las concentraciones espontáneas de repulsa deben acallarse ante un cauce oficial que, una vez más, ha demostrado que actúa de forma eficiente.

Las fuerzas de seguridad funcionan. La Guardia Civil ha logrado con plena ejemplaridad y sangre fría desentrañar un caso espinoso, como días antes los Mossos consiguieron resolver el doble crimen del pantano de Susqueda y las fuerzas de seguridad en Galicia identificar en los meses anteriores al asesino de Diana Quer. En este caso, los agentes tuvieron el temple de dejar volar el hilo de la cometa sin perderla de vista para lograr llegar hasta el niño cuando ya sospechaban que era Ana Julia Quezada, pareja del padre, la responsable. La justicia hará ahora su trabajo.

Los tres dramáticos casos que han conmocionado el país en las últimas semanas han avivado el debate de la prisión permanente revisable, cuya derogación se votará este jueves en el Congreso. El Gobierno, respaldado por los 2,5 millones de firmas conseguidas por los padres de Diana Quer, Mari Luz Cortés y Marta del Castillo, ha propuesto endurecerla en el Código Penal. Pero lo que se votará este jueves es la propuesta de PNV que apoyan PSOE y Podemos para eliminarla. Ciudadanos espera el veredicto del Tribunal Constitucional, que lo tiene en su cartera.

A estas alturas, la madurez política y democrática debería habernos hecho aprender que el debate sobre cualquier cambio legal con respecto a las penas debe celebrarse en frío y no al calor de los sucesos que conmocionan el país. Por ello, las apelaciones a la cadena perpetua o la tentación de endurecer las penas debe llevar a sus promotores a recordar de ahora en adelante las palabras de Patricia Ramírez: “Que pague lo que tenga que pagar, pero que lo que quede de este caso sean las buenas acciones que han salido de todos lados. Todos por Gabriel”.