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Sociedad mojigata

Los cambios legales y las denuncias conducen a España a la intolerancia

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, realiza una performance como protesta contra la retirada de la obra del artista Santiago Sierra en ARCO 2018.
La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, realiza una performance como protesta contra la retirada de la obra del artista Santiago Sierra en ARCO 2018. EFE

La casuística no deja de aumentar. La polémica sobre una obra expuesta (y retirada) en la feria artística Arco por tratar como presos políticos a líderes independentistas encarcelados se suma a una larga serie de escándalos que alertan sobre el retroceso de la libertad de expresión en España. Son casos muy dispares. Un día es una multa por un montaje fotográfico que pone el rostro propio al Cristo Despojado, otro día es un año de cárcel por burlarse del atentado que mató a Luis Carrero Blanco hace cuarenta años y otro causa alarma por tránsfoba la campaña Hazte Oír.

La tradicional fiebre normativa de los legisladores españoles, que consideran que los problemas se resuelven dictando leyes, ha permanecido durante las últimas décadas y sufrió un gran impulso en la pasada legislatura del Gobierno de Rajoy, que con su Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada ley mordaza, y su reforma del Código Penal reforzó una perversa dinámica. La potestad policial para imponer multas sin intervención judicial a la cobertura informativa de algunos actos, por ejemplo, el endurecimiento de penas y la interpretación amplia de los delitos de incitación al odio fomentan las denuncias y las consiguientes multas y condenas.

Así, la ciudadanía española, tradicionalmente tolerante en cuestiones morales, se repliega hacia una sociedad mojigata e intolerante. La ley mordaza ha sido recurrida ante el Constitucional y muchos penalistas rechazan la reforma del Código Penal, pero la sociedad ya se ha lanzado hacia la denuncia de versos, relatos, obras de arte o campañas susceptibles de “herir sensibilidades”. Es el efecto perverso de algunas leyes.

La deriva es peligrosa. Como advirtió Voltaire hace dos siglos, “la intolerancia ha cubierto la tierra de matanzas”. En el ADN de la intolerancia germina, además, la semilla de la arbitrariedad con la que se penalizan o, por el contrario, se disculpan opiniones o comportamientos en función de los propios prejuicios y no de su capacidad objetiva de ofender.

A jueces y fiscales toca la difícil tarea de desbrozar el camino en asuntos en los que hay colisión de derechos, porque es evidente que la libertad de expresión tiene y debe tener límites. Esta, sin embargo, no puede ser torpedeada sistemáticamente gracias a un Código Penal que castiga duramente la incitación al odio, incluso indirecta, y la incitación a la “hostilidad” (ambiguo concepto) contra un grupo o una persona. Que haya hoy más condenas por apología de terrorismo que cuando ETA mataba es otro indicador de lo que está ocurriendo.

Ciertamente, las sociedades actuales deben adaptarse y poner orden en el nuevo y potente utensilio que suponen las redes sociales para difundir noticias falsas, insultos y calumnias. Una sociedad madura no debería utilizar el nuevo entorno digital como coartada para reprimir opiniones libres que, por muy ofensivas que parezcan, no conducen al delito. Por el contrario, caminar hacia una mayor tolerancia cerraría el paso hacia esa sociedad asfixiante que algunos pretenden. Es una deriva difícil de resolver con nuevas normas. Más bien se trata de emprender la senda contraria.

 

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