Pequeña política

En medio de una gran parálisis legislativa, y mientras los partidos se muestran incapaces de llegar a acuerdos sobre materias clave, Unidos Podemos y Ciudadanos han puesto sobre la mesa la reforma del sistema electoral. Su objetivo declarado es mejorar la proporcionalidad del sistema, un problema originado en el hecho de que en las provincias menos pobladas, al elegir muy pocos escaños, el sistema actúe de facto como si fuera mayoritario, poniéndoselo muy difícil a los partidos más pequeños.

Detrás de esta preocupación por la equidad se esconde algo más prosaico: rediseñar el sistema en beneficio de los que proponen la reforma —Ciudadanos obtendría 12 escaños más y Unidos Podemos 6, con respecto a las últimas elecciones generales— y en perjuicio del PP y el PSOE, que perderían 15 y 1 escaño.

Es cierto que al sistema electoral español no le vendría mal una actualización y que algunas de las propuestas que hay encima de la mesa tienen sentido: la supresión de la provincia como circunscripción, la mejora del voto rogado, la financiación, las listas abiertas o las listas cremallera para garantizar la paridad (aunque estas dos últimas no son compatibles entre sí).

Pero también lo es que pese a sus defectos ha permitido que gobiernen la UCD, el PSOE y el PP, los dos últimos unas veces con mayorías absolutas, otras con mayorías relativas muy holgadas y otras —como la actual— con mayorías exiguas. Lo ha hecho, además, ayudando a vertebrar España, obligando a los dos grandes partidos a ser sensibles a las demandas de autogobierno procedentes de Cataluña y País Vasco y favoreciendo la participación de los nacionalistas en la política nacional.

Más recientemente, ha permitido la emergencia de fuerzas alternativas que han desafiado con éxito a los dos grandes partidos, PP y PSOE, desmintiendo así a los que acusaban al sistema electoral de favorecer el bipartidismo y bloquear la entrada de partidos nuevos. Por un lado, la irrupción de Podemos confirma que una fuerza política puede tener éxito a la izquierda del PSOE y desmiente las quejas históricas de Izquierda Unida sobre su discriminación electoral. Por otro, el ascenso de Ciudadanos demuestra que hay espacio entre los dos grandes partidos históricos para una fuerza política de centro.

Dentro de la Constitución existe margen para cambiar el sistema electoral (modificando el número de escaños por provincia, aumentado a 400 el número de diputados en el Congreso o sustituyendo la fórmula D’Hondt por otra más proporcional). Pero esas reformas no alterarían ni contribuirían a resolver el principal problema que tiene el sistema político español en la actualidad, que no es la falta de proporcionalidad, sino la falta de gobernabilidad. Al contrario: vista la dinámica política, un aumento de proporcionalidad iría en la línea contraria de lo que necesitamos, que son gobiernos efectivos con respaldos parlamentarios amplios, tarea para la cual, hoy por hoy, nuevos y viejos partidos parecen incapacitados.

En cualquier caso, una reforma del sistema electoral, máxime si exige modificar la Constitución, requiere un consenso amplio entre todos los partidos, lo que ahora mismo parece lejano.