Báñez tropieza con el TC

El Tribunal Constitucional (TC) ha desairado al Ministerio de Empleo: el Programa de Activación para el Empleo (PAE), la última ayuda creada para asistir a los parados de larga duración sin ingresos, dotada con 430 euros mensuales, debe ser gestionado por las Comunidades Autónomas y no por los Servicios Públicos de Empleo Estatal, que es la facultad que se atribuyó el ministerio. La buena noticia es que los beneficiarios seguirán percibiendo la ayuda, porque el TC, con buen criterio, ha entendido que los parados no son responsables de inconsecuencias jurídicas; la mala, que el Gobierno parece incapaz de entender los límites de su jurisdicción.

Estos tropiezos jurídicos demuestran escasa pericia técnica y dificultades para articular acuerdos con partidos próximos (el PNV presentó la denuncia contra la norma del PAE). Incluso estas carencias serían disculpables si el equipo económico dispusiera de políticas de empleo de cierta solvencia. Pero la creación de puestos de trabajo se ha descargado en la iniciativa privada a través de una reforma laboral para aumentar la flexibilidad y reducir los salarios.

Los efectos secundarios de esa reforma —precariedad en la contratación, demasiados salarios insuficientes, negocios basados en la precariedad, un paro juvenil excesivo y un desempleo de larga duración incorregible hasta el momento— se han tratado con torpeza. Las recetas (inoperantes) han consistido en un continuo parcheo de ayudas de escaso aliento y deducciones sociales que aumentan poco el empleo pero bajan los ingresos de la Seguridad Social.

La situación del empleo juvenil, un factor de desestabilización social, y la de los parados de larga duración reclaman políticas contundentes que generen empleo mediante el estímulo de la demanda y que limiten la precariedad. Esas medidas se resumen en un Pacto por el Empleo.