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Explicaciones debidas

Los diputados, no los comparecientes, deben dirigir la Comisión de la Crisis

Rodrigo Rato, durante su comparecencia en el Congreso el martes pasado

El conocimiento exacto de las causas políticas y económicas que provocaron el impacto devastador de la crisis financiera en la economía española (del que todavía no se ha recuperado por entero) es una deuda que los responsables de los Gobiernos al menos desde el año 2000 están obligados a pagar y los ciudadanos españoles tienen derecho a reclamar. La comisión parlamentaria de investigación de la crisis financiera es el método más democrático para ofrecer las explicaciones debidas. El Congreso representa a todos los españoles y es allí donde deben sustanciarse las dudas sobre la gestión política y económica de la crisis. La validez de las comisiones de investigación está fuera de duda; pero es obligado subrayar algunos errores de procedimiento, susceptibles de ser corregidos en el futuro, que la comparecencia de dos vicepresidentes económicos (Rodrigo Rato y Pedro Solbes) ha subrayado con notables contrastes.

Una comisión de investigación es, por su propia definición, un instrumento para conocer los hechos (en este caso la crisis financiera) y recopilar información para establecer un juicio político sobre la gestión de lo que se investiga. No es una conferencia ni una disertación académica ni un foro abierto al que se acude para exculparse de responsabilidades o cargarlas gratuitamente (esto es, sin demostración ni pruebas) a terceros.

El exvicepresidente Rodrigo Rato utilizó el martes pasado varias horas de su relato en el Congreso para defender sus políticas económicas, culpar al Banco de España y al ministro de Economía de la crisis de Bankia (entidad de la que él era presidente) y acusar a cinco ministros del Gobierno de urdir una conspiración para meterlo en la cárcel. Rato no aclaró nada sobre las causas del brutal impacto de la crisis —que destruyó tres millones de puestos de trabajo— ni mejoró la comprensión de los mecanismos de actuación pública que podrían haber limitado las consecuencias del crash. Pedro Solbes si acertó con el tono debido en su explicación. En primer lugar, por su detallada autocrítica (error en las previsiones económicas, fallo en el diagnóstico de la crisis, incapacidad para desacelerar la economía, confusión al no aplicar medidas fiscales correctoras del boom inmobiliario); y después porque aceptó de buen grado que su obligación era explicarse y no exculparse.

Con independencia del distinto talante personal de ambos, parece obligado reconsiderar los protocolos y escenografías de las comisiones de investigación. Resulta inaceptable que los comparecientes se explayen en largos monólogos (casi siempre para exaltar su gestión), sin límite de tiempo y, por tanto, con la iniciativa para manejar el debate. Ni Rato ni Solbes están allí para dictar una clase a alumnos díscolos. Al contrario, la iniciativa debe entregarse a los diputados que inquieren; son ellos los que deben tener la capacidad para preguntar y acotar las preguntas y los tiempos de la comparecencia. En calidad de investigadores, deben ocupar el estrado superior y el investigado tiene que quedar relegado al inferior; esa tendría que ser la expresión visual de una investigación política en el Parlamento.

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