Grave traspié de Iceta

El mensaje lanzado por el líder socialista catalán Miquel Iceta en plena campaña electoral es un ataque en toda la regla a los esfuerzos del Estado por restituir la normalidad y el respeto a las leyes que el procés hizo saltar por los aires. Si para “cerrar heridas”, como voluntariosamente explica Iceta, es necesario indultar a los independentistas ahora perseguidos por la justicia, el mensaje es nítido, y alarmante: jueces y policías están perdiendo miserablemente el tiempo intentando aplicar una ley que se sabe de antemano que se puede violar impunemente.

La aplicación y la defensa de la ley han tenido un alto coste para el Estado español y las fuerzas constitucionalistas. El desafío secesionista y sus consecuencias sociales y económicas, la persecución judicial de los delitos cometidos y la hábil propaganda independentista han erosionado la imagen exterior de España. La defensa del Estado de derecho, antipática en ocasiones contra esta supuesta revolución democrática de las sonrisas, ha lanzado, por el contrario, un mensaje crucial, propio de una democracia: las aspiraciones políticas de cada uno deben discurrir siempre bajo la legalidad. Esa es la única posición posible para restaurar la convivencia futura en Cataluña y reforzar la democracia española.

La propuesta de Iceta contiene dos torpedos de grueso calibre contra dos pilares básicos de una democracia. Torpedea el principio de la separación de poderes por cuanto descalifica o convierte en inoperante la actuación de la justicia y fulmina el principio de igualdad ante la ley por cuanto distingue a los delitos “de origen político”, merecedores de medidas de gracia. Todo el trabajo iniciado por el constitucionalismo, echado por la borda en favor de un tacticismo electoral imprudente, inoportuno y cuya rentabilidad electoral es más que discutible.

Iceta debilita al frente constitucionalista y sitúa al PSOE en una difícil coyuntura. El partido socialista no solo no debería avalar con su silencio o su tibieza la idea del indulto, sino que está obligado a rechazarlo contundentemente por lealtad a la justicia, a su propio compromiso constitucionalista y a su electorado en toda España. No es tiempo de ambigüedades. El procés ha tenido una virtud: ha generado una nueva conciencia política en contra de la tradicional complacencia de la izquierda española hacia los nacionalismos periféricos. El PSC vuelve, sin embargo, a las andadas después de la grave fractura liderada por los que ahora quiere ver indultados. Lo sucedido en Cataluña demuestra que el llamado “soberanismo moderado” es una entelequia. Jugar a esa carta es un craso error.

Los indultos dependen de la discrecionalidad del Gobierno de turno, por lo que su adopción debería ser una medida infrecuente que aprecie situaciones personales y coyunturales de los condenados muy extraordinarias. Es una injerencia en la separación de poderes que, afortunadamente, España aplica cada vez menos. De momento, lo importante es dejar actuar a la justicia, que investiga a unos procesados por gravísimos delitos, como son la rebelión, la sedición y la malversación de fondos públicos. En términos políticos, lo que necesita Cataluña son propuestas que eviten tropezar de nuevo con la misma piedra. No lo contrario.