Aciertos y riesgos del artículo 155
Además de limitar los efectos negativos de imagen a apenas 55 días, frena la tentación del ala más conservadora del PP
Mariano Rajoy dio el viernes un golpe de autoridad y eficacia con las medidas desplegadas para aplicar el artículo 155 de la Constitución. El cese de todo el Gobierno de la Generalitat y, sobre todo, la convocatoria de elecciones autonómicas el 21 de diciembre, no solo arrebataron los titulares de las portadas de la prensa de todo el mundo, sino que mostraron la voluntad del Estado de actuar de forma quirúrgica y no como un castigo o una venganza frente al independentismo.
El 155 exprés y de corta duración es un acierto completo, porque además de limitar los efectos negativos de imagen a apenas 55 días, frena en seco la tentación del ala más conservadora del PP de intervenir sobre la educación en Cataluña o incluso ilegalizar los partidos secesionistas. Ambas actuaciones hubieran sido auténtica gasolina para avivar el fuego del secesionismo.
La mejor prueba del acierto de la interpretación (firme pero proporcionada) del 155 es la respuesta positiva y sin fisuras de los grupos políticos constitucionalistas, tanto en España como en Cataluña. Tan solo mantienen la crítica los independentistas y los líderes de Podemos, que han vuelto a quedar en el limbo político, situándose en la inquisición virtual a través de sus cuentas en redes sociales. ¿Cómo se puede condenar a la vez la declaración de independencia y las medidas para restaurar la legalidad, como hizo Pablo Iglesias?
El camino que inicia ahora el bloque constitucionalista en Cataluña no está, sin embargo, exento de riesgos. El primero de ellos está en la calle y en el grado de desobediencia con que respondan los insurrectos. La amenaza de activar la asamblea de cargos electos (una especie de asamblea bolivariana que mostró su fuerza en la escalinata del Parlamento tras la declaración de independencia con los alcaldes blandiendo sus bastones de mando) puede incitar a tomar las calles y provocar nuevas imágenes de violencia que volverían a desacreditar la fuerza legítima de un Estado democrático para hacer cumplir la ley.
Además, el papel de la televisión y la radio pública catalana puede ser un obstáculo claro para recuperar la normalidad en Cataluña. Ayer mismo, TV3 envió las cámaras para grabar el discurso de desobediencia del cesado Carles Puigdemont, que se emitió con el rótulo de president de la Generalitat. Algo habrá que hacer, porque lo próximo será hablar de fuerzas de ocupación frente a la república catalana o seguir convocando a la resistencia en defensa de un Estado ficticiamente independiente.
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