Quién puede decidir

Existe en Cataluña un amplio movimiento partidario de separarse de España, de eso no cabe duda. Los líderes autonómicos, Carles Puigdemont y, antes que él, Artur Mas, han proclamado que tienen un mandato democrático, otorgado por las últimas elecciones y, ahora, el referéndum frustrado.

¿Pero tienen ese mandato? ¿Qué argumentos democráticos lo respaldan?

No está claro que en Cataluña haya una mayoría electoral partidaria de la independencia. Si la hay es, en el mejor de los casos, una mayoría escasa, porque sigue existiendo una gran minoría que prefiere que Cataluña permanezca dentro de España. ¿Y basta una mayoría escasa —suponiendo que exista— para decir que tienen el mandato democrático que respalda un paso tan decisivo?

La democracia tiene dos reglas fundamentales: A la hora de la verdad, la que decide es la mayoría; Cuando lo haga, esa mayoría tiene el deber de respetar los intereses de las minorías involucradas.

Para respetar las reglas democráticas, la cuestión de si Cataluña va a seguir formando parte de España o se va a independizar debe decidirla una mayoría. ¿Pero qué mayoría? La decisión afecta a la gente que vive en Cataluña. Pero también a la gente que vive en el resto de España. Si Cataluña se independizara, el resto de España sería un país diferente. Por consiguiente, quienes deben tomar esa decisión son todos los españoles. Y una mayoría en Cataluña es una minoría en España, por lo que no tiene derecho democrático a cambiar todo el país.

Si Cataluña se independizara, el resto de España sería un país diferente. Por consiguiente, quienes deben tomar esa decisión son todos los españoles

Es posible que los dirigentes catalanes separatistas tengan razón al decir que tienen algún tipo de mandato democrático. Pero sería un mandato para tratar de lograr la independencia, nada más. No existe ningún mandato democrático que autorice a los habitantes de Cataluña a decidir por su cuenta un asunto importante que afecta a toda España. Para que un referéndum catalán sea válido, el resto de España tendría que conceder a Cataluña el derecho a celebrarlo y comprometerse a respetar sus resultados.

¿Hasta qué punto tiene solidez ese mandato? Dado que hay, como mínimo, una amplia minoría de catalanes contrarios a la independencia, es bastante débil. La minoría tiene derecho a que se respeten sus intereses. La cuestión de la independencia está muy relacionada con los principios, y una mayoría escasa de la población no tiene derecho a imponer su voluntad a una gran minoría en un asunto tan importante. Si los dirigentes catalanes quieren presentar argumentos sólidos en favor de la independencia ante el resto de los españoles, antes deben demostrar que, por lo menos, les respalda una sólida mayoría en su propia población.

Además, la fuerza de ese argumento depende mucho de los motivos que se alegan para independizarse. En un texto fundacional, la Declaración de Independencia de EE UU, se afirma que “los gobiernos establecidos históricamente no deben cambiarse por causas ligeras y pasajeras”.

España como país existe desde hace mucho tiempo. El gobierno es democrático, y ningún grupo ni provincia está sometido a un régimen despótico. Desde el punto de vista catalán, no parece que se den argumentos sólidos en favor de la independencia, y, desde luego, ninguno parecido a los que se sugieren en la declaración norteamericana. Parece, sobre todo, una cuestión de resentimiento. En Cataluña, una región relativamente rica, dicen que les obligan a financiar a zonas más pobres del país. Pero ese tipo de redistribución es lo normal en un país bien gobernado, y no tiene nada que ver con el despotismo.

Sin embargo, es posible que los líderes catalanes tengan argumentos para tratar de lograr la independencia. Representan a una minoría, dentro de España, que tiene un interés válido en un asunto crucial. Y, en ese caso, España tiene el deber de respetar los intereses de esa minoría. Una forma de hacerlo sería, por ejemplo, negociar con Cataluña un acuerdo distinto dentro de la constitución.

Ahora bien, si esas negociaciones desembocaran en la propuesta de una transformación radical de la relación entre el gobierno central y loas autonomías, Los electores con derecho democrático a ratificar esa transformación serían toda la población española, por ejemplo, a través de su representación en la asamblea nacional, las Cortes.

Stein Ringen es catedrático de economía política en el King’s College de Londres.

Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.