Un buen pacto

El pacto de Estado contra la violencia de género ha recibido la luz verde del Congreso de los Diputados en un acuerdo decisivo, no solo por el avance que supone en la lucha contra un problema muy grave y muy enquistado —2016 se cerró con 44 víctimas mortales y este año ya han muerto 39 mujeres y 6 niños— sino porque demuestra que cuando hay voluntad política es posible encontrar puntos de encuentro. Desde que en 2000 se alcanzó el acuerdo antiterrorista que inició el fin de ETA no se había suscrito ningún otro pacto de Estado. Solo hay que lamentar que no se alcanzara por unanimidad de las grandes fuerzas por la cicatera abstención de Podemos, debida más al deseo de marcar un perfil que a objeciones de fondo.

El plan reúne las condiciones para que se pueda producir un cambio de tendencia: una batería de 213 medidas que abarcan desde políticas educativas y preventivas hasta modificaciones legislativas y prestaciones económicas; un presupuesto adicional de 1.000 millones de euros en cinco años, y una comisión de supervisión que vigilará por su cumplimiento. El texto final incluye medidas para las madres maltratadas que han perdido a sus hijos en manos del agresor, como Ruth Ortiz, cuyo marido, José Bretón, mató a sus dos hijos para causarle el peor dolor.

El pacto amplía la protección a los huérfanos y a las mujeres que sufren otros tipos de violencia, como matrimonios forzados, mutilaciones o explotación sexual. La trata de mujeres es un problema oculto muy grave: en 2016 la policía identificó como esclavas sexuales a 367 mujeres, pero las condiciones de terror y explotación en que viven hace que pocas se atrevan a denunciar, por lo que esa cifra es solo la punta de un siniestro iceberg. El paso está dado. Ahora hay que acelerar las reformas legislativas que el pacto exige, entre ellas la supresión del atenuante de confesión en los delitos de violencia de género o los cambios en el régimen de la custodia compartida.