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Agua, luz y gas: los padres de la escuela pública denuncian “copagos ilegales”

El 13,8% de los encuestados por la Ceapa afronta pagos mensuales relacionados a la escolarización de sus hijos en colegios públicos

Alumnos de primaria en una escuela de Barcelona. rn
Alumnos de primaria en una escuela de Barcelona.

La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (Ceapa) ha denunciado en un informe que crece el número de familias que tienen que asumir "copagos ilegales" para el normal funcionamiento de los centros educativos públicos en todas las comunidades autónomas, sobre todo en Cataluña. Se trata de una cuota anual o mensual para pagar la calefacción, el agua, la luz, el papel higiénico o el jabón, que las familias asumen porque desconocen que no deben hacerlo o que los pagan para que sus hijos no sean señalados. 

Leticia Cardenal, presidenta de la Ceapa, con 11.000 colegios asociados de toda España, ha asegurado que "de unos años a esta parte" cada vez más los centros públicos —también los concertados piden a las familias, especialmente a través de las Ampas, unas cuotas "habituales" a principio de curso que son "ilegales".

"Por 20 euros una familia no se quiere meter en un pleito legal y termina haciendo ese pago encubierto" bajo el epígrafe de "para fotocopias", ha afirmado Cardenal, cuya organización representa a más de cuatro millones de familias según sus estimaciones. a falta de un promedio a nivel nacional, Cardenal ha comentado que, por ejemplo, los padres de Cataluña afirmaron haber pagado el pasado curso una media de 70 euros al inicio de curso para estos "copagos ilegales".

Menús escolares

Otros informes dados a conocer por Ceapa resaltan que solo dos comunidades han subido este curso sus menús escolares: Asturias (16,6%) y Murcia (1,17%). Cardenal ha abogado por cocinas en los propios centros y una alimentación de proximidad y ecológica.

Respecto a la gratuidad de libros de texto, únicamente Andalucía, Galicia, Navarra y Comunidad Valenciana tienen un modelo de gratuidad para todo el alumnado en las enseñanzas obligatorias. Sobre la apertura de los centros en días no lectivos, se concluye que solo abre el 18,34% de los de Infantil, el 26,63% de los de Primaria y el 13,02% de Secundaria.

"Las familias deben entender que eso no es así, son las consejerías las que deben hacerse cargo de esos pagos, deberíamos plantarnos y negarnos a pagar", ha recalcado el vicepresidente de esta Confederación, Antonio Martín. Cardenal ha reclamado por todo ello "el papel de los inspectores", ya que para evitar este abuso es "primordial".

Según una encuesta de la Ceapa (basada en 1.408 respuestas de padres, el 89,84% con hijos en centros públicos), el 13,28% de las familias afronta pagos mensuales por la escolarización de sus hijos. El 14,13% paga gastos de suministros de luz, agua, gas y similares; el 14,77% debe aportar dinero para obras del centro; un 17,61%, materiales informáticos para los centros; y un 30,89 % materiales fungibles como bolígrafos, cuadernos o folios para uso del centro, es decir, que no va destinado al de su hijo en cuestión. Asimismo, un 52,70% de las familias confirman que tienen que asumir gastos de libros de texto y otros materiales curriculares.

Un 45,95 % de los padres reconoce afrontar el coste de actividades educativas complementarias que, por su propio carácter, también deberían ser siempre gratuitas, según Ceapa. Por otro lado, el 68,81% de los padres comenta que son los propios centros los que les piden asumir esos pagos cuando "se debe garantizar la gratuidad de la enseñanza en las etapas obligatorias", ha recordado esta Confederación. No obstante, un 20,18 % de los encuestados dijo haber tenido que hacer esos copagos a través de las asociaciones de padres y un 11% los abona a entidades privadas que prestan servicios en los centros. Solo un 10,16% de los padres ha reclamado de forma verbal la devolución de ese dinero y un 9,38%, por escrito.

Para la Ceapa, "llama la atención que un 14,84% reconoce no hacer la reclamación por miedo". En este sentido, la encuesta refleja que un 8,24% de los padres fue avisado de "posibles consecuencias si no pagaba" y para un 6,89 % hubo consecuencias por no pagar.

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