El mandato de Rajoy

Ciudadanos ha registrado en el Congreso de los Diputados una iniciativa para reformar la Ley del Gobierno de 1997 de tal manera que el presidente del Gobierno no pueda serlo durante más de ocho años.

Con su iniciativa, el partido que dirige Albert Rivera quiere someter a debate parlamentario un compromiso que figuraba entre los 150 puntos en los que se basó el acuerdo de investidura que su formación firmó con el Partido Popular en agosto de 2016. Mientras que el grupo parlamentario de Mariano Rajoy se ha desvinculado de este punto del acuerdo, el Partido Socialista —que incluía esta propuesta en su programa electoral— y Podemos la han apoyado.

Ciudadanos está en su derecho de exigir a Mariano Rajoy que cumpla los compromisos que le llevaron a La Moncloa, aunque no sería este el primero de los 150 puntos de aquel acuerdo relacionados con la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción que este obvia. Pero cosa bien distinta es forzar la legislación e incluso, a decir de un buen número de constitucionalistas, la propia Ley Fundamental, para llevar a término y sin consenso una medida de tan profundo calado como difícil encaje en un nuestro sistema político.

La limitación de mandatos, cabe recordar, es más propia de los sistemas presidenciales, donde el acceso al cargo tiene lugar por elección directa de la ciudadanía, y donde más probables son las tentaciones de cesarismo. Nuestro país, sin embargo, se dotó en el 78 de un régimen de democracia parlamentaria. Eso quiere decir que el Congreso de los Diputados, donde reside la soberanía nacional, es el responsable de elegir al presidente del Gobierno de acuerdo con los procedimientos de investidura y censura que los españoles conocen. Esa es la norma en la mayoría de los sistemas parlamentarios y tiene sentido que lo siga siendo. Porque a quien tal medida limitaría en un sistema como el nuestro es al propio Parlamento y, con él, a la voluntad popular expresada por los ciudadanos en unas elecciones.

No deja de ser cierto que la escasa vida democrática interna de los partidos y su excesivo peso institucional ha conducido a una presidencialización excesiva de nuestro sistema político. Pero el hecho de que solo un presidente del Gobierno de nuestra democracia haya estado más de ocho años en el poder —Felipe González estuvo 13— y que esos problemas sean permanentes demuestra que tal medida no los resolvería. Si lo que impide la regeneración de nuestra democracia son los partidos, reformemos los partidos y, si es necesario —que lo es—, la propia Constitución. Pero hagámoslo por los procedimientos tasados, con el máximo consenso y, por supuesto, sin efectos retroactivos de tal manera que una medida como la limitación de mandatos, de acordarse, solo pudiera aplicarse al próximo presidente.

Mariano Rajoy ha obtenido la confianza del Parlamento en dos ocasiones y superado recientemente una moción de censura. Nada impide al Parlamento, donde su partido está en minoría, ni a Ciudadanos, que apoya al Gobierno, retirar su confianza al presidente cuando lo estime necesario y conveniente. Pero hacerlo mediante atajos no parece la mejor manera de regenerar la democracia.