La sagrada familia

La Sagrada Familia no es solo uno de los templos religiosos más significativos de Barcelona, sino que simboliza, gracias a Gaudí, la forma en la que ha ido evolucionando Cataluña y cómo fue incorporando las corrientes del modernismo de finales del siglo XIX y principios del XX. Los terroristas de la Rambla pretendían estallar la Sagrada Familia y hacerlo en un momento en el que pudieran conseguir un histórico número de víctimas.

Ahora solo un milagro puede desbloquear la situación que se vive en España. Porque la sagrada familia, la de las leyes y la voluntad política, ha sido puesta en peligro y atraviesa la coyuntura más difícil de la democracia española.

Es asombroso descubrir el hilo de los hechos y saber, por las averiguaciones judiciales y las declaraciones de los policías, que el atentado de la Rambla pudo haberse prevenido con una mejor coordinación en las labores de investigación.

Hubo varias señales que se ignoraron y que dieron lugar a que los policías catalanes, los Mossos d’Esquadra, consideraran que la casa abandonada de Alcanar, que había explotado el 16 de agosto, era un laboratorio de drogas. Porque al parecer ni el interrogatorio que se le hizo al sospechoso que quedó herido, ni las más de cien bombonas de gas butano que encontraron les llamaron la atención, ni les dieron la pista de que todo eso podría ser el entreacto de un atentado terrorista.

Hay un tiempo para la política y un tiempo para la ley, pero el primero parece a punto de acabarse. Hace muchos años que la incapacidad del Gobierno español y la línea cada vez más radical seguida por los distintos ejecutivos catalanes descartaron la política e iniciaron un juego en el que se esperaba que la amenaza latente de la ilegalidad fuera suficiente para evitar males mayores. Sin embargo, eso no sucedió y ahora se agudiza el círculo de las complicidades y las responsabilidades asociadas. La única manera de recuperar el tiempo de la política sería que el Gobierno de España y la Generalitat pactaran la celebración de un referéndum, algo que no solo sería lo más inobjetable desde el punto de vista democrático, sino que seguramente es lo único que podría descabezar el sueño nacionalista.

Como en otras ocasiones, insisto en que, en democracia, ninguna ley puede estar por encima de la voluntad popular. Aunque también considero que la forma es tan importante como el fondo y las leyes se pueden cambiar, pero lo que no se puede hacer es ignorar, vulnerar o desafiarlas para después querer cambiarlas. Las leyes se cumplen y la política establece el cambio de las mismas.

Vivimos en la era en la que todo aquello que no creímos posible está sucediendo. No era posible el Brexit y sucedió. No era posible que Trump llegara a la presidencia de EE UU y llegó. No era posible que en la Unión Europea y con la Constitución española existiera un movimiento de independencia y existe.

El problema es que, a partir de aquí, no basta con cruzar recursos legales, sobre todo cuando la realidad ya ha señalado a muchos culpables. Ahora la posición del Gobierno catalán es la de una sedición continuada. Y la Constitución española y el ordenamiento jurídico prevén para eso actuaciones muy claras. No es un problema de voluntad política, lo que sucede es que el fiscal general del Estado, el ministro de Justicia y el presidente del Gobierno ya no tienen salida.

Ahora la pregunta no es si, amparándose en el artículo 545 del Código Penal, se ordenará la detención del presidente de la Generalitat, sino que cuando ocurra habrá que preguntarse por qué razón el fiscal general esperó hasta que ya no hubiera margen para una solución política milagrosa.

Hemos llegado a un momento en el que las grandes preguntas tienen respuestas sencillas. Por ejemplo, en el intercambio de información entre la policía española y la catalana se cuestiona si la policía belga realmente avisó que el imán de Ripoll podía estar preparando una célula yihadista. Y aunque los Mossos D’Esquadra admitieron haber recibido esa comunicación, solo respondieron que no tenían antecedentes. Pero lo que no dicen es si eso lo consultaron o no con otros órganos de la policía española.

Hace mucho tiempo que los políticos españoles y catalanes no se hablan. Hace mucho tiempo que se dejó atrás el margen político y ahora sólo se espera el milagro que reunifique a la sagrada familia, un proceso en el que al parecer no es necesario hacer el uso de todo el peso de la ley.

Ahora la cuestión no es cuándo los catalanes ejecutarán sus medidas y sus objetivos, sino que cuánta gente, a partir de ese momento, habrá incurrido en responsabilidades, no tan graves como las del Gobierno de la Generalitat, pero sí tan visibles como el desafío permanente de un delito de sedición continuada.