El debate público en España sobre cuestiones con impacto territorial es peculiar. Frente a lo que ocurre en la inmensa mayoría de países, también en los descentralizados y federales, argumentar desde una perspectiva de conjunto o "española” es rápidamente visto como indicativo de prejuicios jacobinos. Sin embargo, un país federal es un país de confección dual, con comunidades políticas a doble escala (al menos) e identidades y lealtades también binomiales; siendo el todo tan importante como las partes. Lo lógico es que a veces se porte un sombrero y a veces otro. Seguramente, la insistencia del régimen franquista en el lema de la unidad de España y la incisiva persecución y castigo de la diversidad cultural y lingüística ayudan a explicar esta particularidad, a pesar de las cuatro décadas de democracia transcurridas.

En consecuencia, en las arenas políticas autonómicas, incluso allí donde la identidad autonómica es relativamente débil, existe una clara tendencia a ponerse anteojeras y apuntarse a la percepción parcial y al discurso del agravio comparativo, mostrando escasa empatía respecto a los ciudadanos de otros territorios y bordeando la lógica confederal, según la cual el todo es algo que nadie defiende con convicción. Quien no lo hace así corre el riesgo de dejar de ser patriota autonomista y, si es cargo electo, perder respaldo en las siguientes elecciones. Tenemos ejemplos por doquier.

Si hablamos de la inversión territorializada de la administración central, lo único que parece importar es el importe global y el porcentaje que le toca a cada uno cada año, olvidándose de lo que se ha hecho en el pasado en cada sitio o de los déficits observables en las diferentes Comunidades Autónomas. De forma sistemática, se orilla u olvida de que la parte del león de esa inversión debe responder a un mapa racional e integrado de infraestructuras para el conjunto de España; de que con excesiva frecuencia nos decantamos por inversiones de dudosa rentabilidad social, ante la ausencia de una cultura de evaluación de nuestras políticas públicas; o de que los datos muestran que entre el presupuesto inicial y los pactos en el Congreso y la ejecución de inversiones media una distancia más que notable.

Cuando nos referimos a la financiación autonómica, todas las Comunidades Autónomas parecen ser víctimas de maltrato. Ningún parlamento o gobierno autonómico reconoce abiertamente que el sistema trata bien a su territorio en términos comparados, aunque la realidad objetiva es que algunos están claramente mejor que otros en cuanto a recursos. Culpamos al gobierno central de nuestros males, como si éste fuese escogido por neozelandeses o chipriotas, y no en las elecciones generales en la que todos votamos.

Respecto a la financiación todas las comunidades parecen ser víctimas de maltrato

Tan preocupados estamos de los agravios comparativos, que hemos convertido la literatura sobre el cómputo de balanzas fiscales en filón sin par para los académicos españoles, al tiempo que cualquier asimetría competencial es mirada con recelo y envidia. Consecuentemente, la fórmula del “café para todos” acaba siendo inevitable, a pesar de que choca frontalmente con los deseos y preferencias sobre el grado de descentralización en las distintas autonomías. Los estudios disponibles muestran que en algunos territorios hemos llegado a una descentralización excesiva a ojos de los ciudadanos (Extremadura o Murcia) y en otros no llega (Cataluña y País Vasco). La situación alcanza el disparate con las quejas sobre la injusticia de que los tributos autonómicos no sean los mismos en todas partes, o de que la cartera de servicios no sea idéntica. Si queremos homogeneidad total, mejor sería haber optado por un modelo centralizado y ahorrarnos los inevitables costes administrativos adicionales de una organización descentralizada.

Me temo que tenemos un déficit sustancial de agentes políticos y sociales con una visión global e integrada de las cuestiones caracterizadas por una dimensión territorial significativa. Algo que es perfectamente compatible con la defensa de un sistema federal avanzado y de soluciones asimétricas, en correspondencia a realidades y preferencias que también lo son. Avanzar en la reducción de ese déficit nos ayudaría a resolver otras asignaturas pendientes, como la necesaria reforma de las instituciones, para ajustarlas a la realidad descentralizada que ya vivimos; la consolidación de la cultura federal de la diversidad, que emana de forma natural del ejercicio de las competencias de cada uno; la comprensión por parte de los ciudadanos del reparto de competencias de gasto y tributarias, para que la responsabilidad política funcione; y el ejercicio de la lealtad mutua en las relaciones intergubernamentales.

Santiago Lago Peñas es director de GEN (Universidad de Vigo).