El ‘procés’ avanza, la reforma horaria puede esperar

En el comienzo de la legislatura, para demostrar que el proyecto de desconexión de Cataluña iba acompañado de ideas modernizadoras y de cohesión social, el Gobierno de Carles Puigdemont se comprometió a sacar adelante algunas reforma de calado. Entre ellas figuraba un proyecto de reforma horaria que debía aplicarse a partir de 2017 a partir de los trabajos de una comisión parlamentaria. El procés hacia la desconexión (o hacia el choque de trenes) acelera en Cataluña, pero la reforma horaria encalla, no por falta de consenso, sino por falta de impulso. Parece que es más fácil gobernar la utopía, aunque implique grandes riesgos, que concretar unos cambios que ponen a prueba la capacidad de transformación y de innovación social desde las instituciones.

La reforma horaria es un ambicioso proyecto que se inició en 2014 y ha concitado hasta ahora el consenso de todas las fuerzas políticas, algo que en el actual clima de Cataluña resulta ciertamente meritorio. El trabajo de una comisión de expertos ha permitido definir las reformas necesarias para poner el reloj de la vida catalana en sintonía con el de otros países europeos cuyos ciudadanos, gracias a unos horarios diferentes, son más productivos, tienen más tiempo para el ocio y duermen más. Para conseguirlo hay que cambiar en primer lugar la jornada laboral: comenzar antes, comer en menos de una hora y terminar más temprano. En estos momentos, un 50% de la fuerza laboral trabaja más allá de las seis de la tarde y un 30% más allá de las siete. También hay que adelantar la apertura y cierre de los comercios; introducir horarios laborales más flexibles y formas de trabajo no presencial y acompasar el horario de los colegios y de los servicios públicos al nuevo ritmo laboral. La batería de medidas incluye adelantar los informativos y el prime time de la televisión.

Todo ello exige cambios normativos. Pero a la hora de concretar, el Gobierno catalán, con el concurso de la CUP, ha fijado para 2025 la entrada en vigor del proyecto, plazo que las demás fuerzas políticas consideran excesivo. Largo me lo fiais, han dicho. Demasiado largo y demasiado vago en ciertas cuestiones. Por ese motivo, a la hora de poner la firma sobre el Pacto por la Reforma Horaria — que ya ha recibido el apoyo de 110 organismos como Ayuntamientos, diputaciones, patronales, sindicatos, universidades y colegios profesionales— solo lo hicieron Junts pel Sí y la CUP. El resto de partidos reiteró su apoyo al acuerdo, pero exigió más determinación a la hora de aplicarlo.

Es una lástima, porque las pruebas piloto que se han hecho demuestran que el cambio es factible y permite mejorar la productividad, llevar una vida más sana y conciliar mejor la vida laboral y familiar. Seis empresas y 23 instituciones públicas y privadas aceptaron poner a prueba las propuestas. Su experiencia ha sido en general positiva. Consensuadas las medidas, se discutía el modo de aplicarlas: si se hacía en forma de momento cero, es decir, todas las medidas a la vez a partir de un momento, o se optaba por una implantación en cascada. Pero parece que hay otras prioridades.