La cruzada antidroga de Camboya pasa inadvertida

El día de Año Nuevo, el primer ministro de Camboya, Hun Sen, lanzó una campaña de seis meses contra las drogas, un problema que cada vez preocupa más a los camboyanos. El anuncio se produjo poco después de una visita del presidente filipino Rodrigo Duterte, quien en 2016 llevó a cabo una violenta campaña antidrogas en su propio país que acabó con la vida de 7.000 personas en siete meses.

Dado que la guerra contra la droga de Duterte fue suspendida indefinidamente en enero —después de que varios agentes fueran acusados de secuestrar y estrangular a un empresario surcoreano— no es de extrañar que Hun Sen, tras las primeras detenciones en febrero, se apresurara a asegurar que su campaña “no será violenta”. Así, mientras el caso filipino ha ocupado los titulares de la prensa de medio mundo, la ofensiva camboyana contra la drogadicción ha escapado de este escrutinio. Algo que se suma a los temores de los defensores de los Derechos Humanos.

Estos son algunos de los episodios más visibles de la lucha contra las drogas de la región del sudeste asiático. El 10 de mayo ministros y delegados de seis países del Mekong (Camboya, China, Laos, Vietnam, Myanmar y Tailandia) acordaron una política regional sobre drogas con representantes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés). Según Phil Robertson, subdirector de la división de Asia de Human Rights Watch, mientras Duterte enviaba a policías a disparar a miles de pequeños narcotraficantes y usuarios, las autoridades camboyanas llevaban a cabo arrestos masivos de usuarios de drogas que son trasladados a prisiones abarrotadas.

Ya antes del plan antidroga de Hun Sen, Camboya había sido criticada por las condiciones en sus prisiones, por prácticas como la detención involuntaria de usuarios de drogas en "centros de rehabilitación" y porque muchas personas cumplían penas de prisión completas antes de que sus casos pudieran llegar a juicio.

Estos retrasos significan un aumento en la población penitenciaria: hasta diciembre, antes de que comenzara la represión, 8.902 de las 22.000 personas encarceladas estaban acusadas de delitos de relacionados con las drogas. Robertson señala otro efecto secundario alarmante de esta ofensiva: el consumo de drogas se ha vuelto clandestino, alentando a los adictos a ocultar o reutilizar sus agujas. Como consecuencia, ha aumentado su vulnerabilidad al VIH. "Esto no es demasiado conocido", insiste.

Sithat Sem, el gerente de programas de drogas de la ONG Friends International, una empresa social con sede en Camboya, expone que los usuarios todavía acceden a sus servicios, pero piden un menor número de jeringas para no llamar la atención de la policía. Los consumidores de drogas también han comenzado a dividirse en grupos más pequeños. Tratan de ocultarse en su comunidad o se mudan a otros lugares, cuenta Sem. "Todo esto significa que tenemos más limitaciones para encontrarlos y alcanzarlos con nuestros servicios", explica. "Estamos preocupados por el impacto que esto tendrá en los objetivos para la eliminación del VIH en 2025 y en la iniciativa 90-90-90 de 2020 que el Gobierno nacional, junto con la ONU, se ha comprometido a cumplir".

El consumo de drogas se ha vuelto más clandestino alentando a los adictos a ocultar o reutilizar sus agujas

La iniciativa “90-90-90” se basa en conseguir que en 2020 el 90% de las personas que viven con el VIH conozcan su diagnóstico; el 90% de las personas diagnosticadas con VIH reciban tratamiento; y el 90% de las personas que reciben terapia antirretroviral logren la supresión viral (cuando la cantidad de VIH en la sangre es muy baja). La prevalencia de sida entre los camboyanos que se inyectan drogas es del 25%, continúa Sem. Alguno de los enfoques para prevenir nuevos casos entre este grupo de riesgo son el programa de agujas y jeringas, la prueba del VIH y la educación.

Los funcionarios camboyanos aseguran que la represión del Gobierno es una respuesta un aumento de casi un 30% en el número de adictos documentados en 2016. Pero los críticos creen que no es más que una campaña preelectoral, ya que las elecciones comunales son en junio, coincidiendo con el fin de esta cruzada antidrogas.

Para algunos analistas, la campaña de Hun Sen podría ser también de una distracción en un contexto de creciente represión política. En febrero el histórico líder de la oposición, Sam Rainsy, fue obligado a abandonar el liderazgo del partido Rescate Nacional de Camboya (CNRP por sus siglas en inglés) tras la aprobación de una enmienda que permitirá al Gobierno solicitar la disolución de partidos políticos cuyos líderes hayan sido condenados alguna vez por un delito.  Rainsy vive en el exilio en Francia desde 2015 para huir de las demandas de difamación presentadas por Hun Sen, quien lleva 30 años en el puesto de primer ministro y es el dirigente más longevo del Sudeste Asiático.

Según David Harding, un experto en temas de drogas con una década de experiencia en Camboya, el foco de la guerra contra las drogas está en la oferta y la demanda, pero "hay poca evidencia que demuestre que ha habido un impacto sobre el tráfico o el cultivo”. Las detenciones masivas, dice, simplemente transfieren la cuestión del uso de drogas de la comunidad al sistema penal, el cual ya estaba sobrecargado. Y no sirven a largo o medio plazo, excepto para “quitar el problema de la vista” o como medida política populista que parezca que se está haciendo “algo”.