La anomalía española de los aforamientos

La ciénaga de la corrupción se ha espesado de tal manera en Murcia que, tras el cese forzado de su presidente, el popular Pedro Antonio Sánchez, incluso el Partido Popular ha votado a favor de terminar con el aforamiento de los políticos. Murcia se ha convertido así en la primera autonomía que pone en marcha una medida que todos prometen pero que en la práctica los partidos gobernantes se resisten a aplicar. En una decena de comunidades autónomas, incluida Andalucía, donde gobierna el PSOE, el proyecto sigue siendo eso: un proyecto. Lo mismo ocurre en el Gobierno central, donde Rajoy está incumpliendo su compromiso con Ciudadanos.

El plazo para aplicar la iniciativa (el primer trimestre de este año) ya se ha cumplido. El compromiso, no. Pero siguen las declaraciones de buenas intenciones. La última es la del ministro de Justicia, Rafael Catalá, que a la vista del ejemplo murciano se ha pronunciado a favor de eliminar los aforamientos.

“Habrá que revisarlos”, ha dicho Catalá, “pero con carácter general, no en una comunidad autónoma, creando la paradoja de que un presidente autonómico no esté aforado y otro sí”. Siempre hay un tramposo pero, un pretexto para seguir arrastrando los pies. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, dice albergar ciertas dudas sobre si esa eliminación de privilegios debe aplicarse a todos los delitos o solo a los de la vida pública. ¿De verdad que no tiene clara una propuesta que hace ya más de un año su partido introdujo en su programa electoral?

El aforamiento es una de esas características de la vida política española que produce vergüenza ajena. Ningún otro país europeo tiene tantos políticos aforados (unos 2.000). Algunos, como Alemania o Reino Unido, no tienen ninguno. En cambio nuestros senadores, diputados (nacionales o autonómicos) y hasta nuestros consejeros del Tribunal de Cuentas no pueden ser juzgados, como el resto de los ciudadanos, por los tribunales ordinarios, sino solo por los extraordinarios (tribunales superiores y Supremo), en los que suelen, para colmo, interferir para nombrar a los magistrados afines. Yo te nombro; tú me juzgas.

Algunos expertos defienden el nivel del aforamiento español como medida de protección ante las denuncias falsas en un país en el que hay acusación popular y no está penada la falsa denuncia. ¿Por qué protegerles solo a ellos y no al resto de los ciudadanos? Se alega también que no es un privilegio, pero al tiempo se aferran algunos a tal condición para dilatar procesos y sortear a la justicia.

Decía este viernes en este periódico Álvaro García Ortiz, presidente de la Unión Progresista de Fiscales, que solo a los corruptos les interesa una fiscalía débil. A la luz de tal aserto hay que interpretar las palabras de Ignacio González cuando era presidente de la Comunidad de Madrid y tachaba de “discurso falaz” la defensa del fin de los aforamientos. Hoy está preso en Soto del Real por saquear, presuntamente, las arcas públicas.