Las cinco noticias clave del 7 de abril

Trump responde al ataque químico con el primer bombardeo al régimen de El Asad. EE UU ha lanzado por sorpresa 59 misiles Tomahawk contra la base aérea de Shayrat, cerca de la ciudad de Homs, en represalia por el uso de gas químico que el martes pasado causó 86 muertos, 30 de ellos niños. En el ataque han muerto al menos cuatro soldados sirios, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. En EE UU, republicanos y demócratas han cerrado filas en torno a la ofensiva, cuyas claves desgranamos aquí.

Rusia amenaza con el cese de la cooperación militar con EE UU en Siria. "Un acto de agresión contra un Estado miembro de Naciones Unidas". Así ha calificado el ataque Viktor Ozerov, responsable del comité de defensa del Consejo de la Federación Rusa. "Los bombardeos estadounidenses contra la base aérea siria pueden socavar los esfuerzos en la lucha contra el terrorismo en Siria. Rusia pedirá una reunión urgente del Consejo de Seguridad", aseguró Ozerov.

El ‘caso Arrabal’ aviva el debate político sobre la muerte digna. Los principales partidos, salvo el PP, rectifican lentamente sus posiciones y aceptan debatir sobre la eutanasia, bajo el impacto del caso de suicidio de José Antonio Arrabal. El Congreso de los Diputados debatirá por primera vez sobre este asunto, que siempre queda para más adelante. En un editorial, EL PAÍS exhorta a las fuerzas políticas a consensuar una ley que permita ayudar a morir.

ETA asegura que ya es una “organización desarmada”. En una carta remitida a la BBC, la banda terrorista dice que el desarme que llevará a cabo el próximo 8 de abril será "total" y que ha entregado ya todo su armamento a la "sociedad civil". Evita, sin embargo, aludir a una posible disolución.

Graves disturbios durante una nueva marcha opositora en Caracas. Por segundo día en esta semana, la capital venezolana volvió a sumirse en el caos. La policía dispersó con gases lacrimógenos y agua a los integrantes de la marcha opositora que, en una decisión sorpresa del gobernador del Estado Miranda, Henrique Capriles, cambió su rumbo hacia la Defensoría del Pueblo. El Gobierno condenó la violencia de los manifestantes y denunció los destrozos en un colegio público.