Regular la eutanasia

El suicidio de José Antonio Arrabal, enfermo de ELA, de forma clandestina, en soledad, sin su familia y mucho antes de lo que él hubiera deseado, interpela a la sociedad española sobre la necesidad de regular la eutanasia y el suicidio asistido. El vídeo que grabó en el momento de su muerte, que este diario ha ofrecido por el extraordinario valor informativo del testimonio, muestra una realidad que no se puede seguir ignorando. La ausencia de regulación hace que quienes desean evitar un final doloroso y degradante, como José Antonio Arrabal, se suiciden mucho antes de lo que lo harían por miedo a perder el control y no poder hacerlo más tarde, cuando su enfermedad progrese.

La sociedad española está preparada desde hace tiempo para asumir una regulación que libere a quienes sufren una patología incurable y grandes sufrimientos de la obligación de vivir a cualquier precio. Forzarles a vivir cuando desean morir resulta cruel e impropio de una sociedad compasiva. Todas las encuestas realizadas corroboran que la regulación de la muerte médicamente asistida en casos de enfermedad incurable y a petición del paciente goza de un amplio apoyo ciudadano.

Recientemente se han presentado diferentes iniciativas legislativas, tanto en el Congreso de los Diputados como en parlamentos autonómicos, que abogan por despenalizar la ayuda a morir. Las fuerzas políticas deben abordar este asunto y abrir el debate, pero no para dilatar o eludir el compromiso, como ha ocurrido otras veces, sino para desvanecer dudas y alumbrar una regulación que concite el máximo consenso. Por la experiencia de países como Bélgica y Holanda, que tienen leyes de eutanasia aprobadas hace más de 15 años, sabemos que el número de personas susceptibles de solicitarla es relativamente bajo, pero esta no es una cuestión de cifras, sino de dignidad y libertad. De extensión de los derechos individuales, lo que para estas personas es algo muy importante. Este diario ha abogado ya en ocasiones anteriores por la regulación y ahora insistimos en la urgencia de hacerlo, pues cada vez hay más casos y es mejor que tengan cobertura y control legal.

La regulación de la eutanasia y el suicidio asistido no entra en contradicción, sino todo lo contrario, con la necesidad de garantizar cuidados paliativos. Es un derecho de la ciudadanía poder morir bien y no ser víctima del encarnizamiento terapéutico que supone verse sometido a medidas de soporte vital fútiles que lo único que hacen es prolongar la agonía. La ley de Autonomía del Paciente reconoce al enfermo el derecho a rechazar tratamientos. Diferentes autonomías han regulado los requisitos médicos de una buena muerte. Una ley estatal de muerte digna como la que ahora se tramita en el Congreso puede facilitar su generalización, pero no debe servir de pretexto para no abordar, con rigor y sin apriorismos ideológicos, la despenalización de la eutanasia y la ayuda al suicidio. Esta regulación debe ir acompañada, en todo caso, de una ley de acceso universal a los cuidados paliativos para que nadie pueda desear morir porque no esté bien atendido. Es comprensible que la regulación despierte inquietudes, pero el peligro de un mal uso puede ser conjurado con estrictos controles y mecanismos de supervisión.