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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Más presión en Murcia

El PP no debería seguir sosteniendo a un presidente con esta agenda judicial

El juez Eloy Velasco, en la Audiencia Nacional.
El juez Eloy Velasco, en la Audiencia Nacional.© Carlos Rosillo. (EL PAÍS)

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La situación del presidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez, del PP, se hizo ayer todavía más complicada al conocerse que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que investiga la trama Púnica, envió al Tribunal Superior de Murcia un escrito el que que pide la imputación del presidente por los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada.

La petición se basa en el proyecto de contratación de servicios privados, por valor de 32.200 euros —aunque la concesión no llegó a materializarse, como reconoce el propio juez Velasco, al irrumpir el caso Púnica— para mejorar la imagen de Sánchez y reforzar así sus opciones a la presidencia de Murcia, a cambio de una futura concesión del Gobierno para trabajos de formación.

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Esta petición de imputación añade acusaciones que se suman a las que ya afronta Sánchez por el caso Auditorio —prevaricación, malversación, fraude y falsedad documental—, que ha motivado una moción de censura presentada por el PSOE. El PP no debería seguir sosteniendo a un presidente con esta agenda judicial. Ya fue grave que lo mantuviera en el cargo incumpliendo el pacto con Ciudadanos, cuyo primer punto establecía que dimitirían los cargos que resultaran imputados por corrupción.

Esta nueva petición de imputación del juez Velasco complica la posición de Ciudadanos, que se resiste a apoyar un Gobierno alternativo presidido por el socialista Rafael González Tovar con el apoyo de Podemos y que condiciona su respaldo a la moción de censura a que se convoquen elecciones. El partido de Albert Rivera, que mantiene su exigencia de dimisión de Pedro Antonio Sánchez y que califica de “insostenible” la situación, quiere —a cambio de respaldar la moción de censura del PSOE que se debate miércoles y jueves— un Gobierno técnico en el que no esté Podemos, y pide además una convocatoria de elecciones en el plazo máximo de seis meses.

El riesgo que se corre es el de volver a llamar a los ciudadanos a las urnas, con el desgaste que ello conlleva, para un mandato corto, hasta las autonómicas de 2019. Lo urgente es, en todo caso, que se desbloquee la situación en Murcia y que la comunidad salga cuanto antes de la parálisis política que sufre.

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