Selecciona Edición
Selecciona Edición
Tamaño letra

Trabas injustificadas

El Ayuntamiento de Barcelona puede regular el turismo, pero sin crear inseguridad juridica

Torre Agbar de Barcelona.
Torre Agbar de Barcelona.

Que los promotores del que tenía que ser un hotel de la cadena Hyatt en la emblemática torre Agbar de Barcelona hayan tirado la toalla alegando las trabas que el Ayuntamiento ha puesto a la hora de conceder una licencia para la que cumplían los requisitos es una mala noticia, y no solo porque priva a la ciudad de una inversión hotelera importante y de prestigio, sino porque lanza el mensaje de que las autoridades municipales no garantizan la seguridad jurídica.

Es cierto que el proyecto afrontaba problemas de financiación y de adecuación arquitectónica que ponían en duda su idoneidad, pues la reconversión de la torre en hotel era problemática —el propio autor del edificio, el arquitecto Jean Nouvel, había puesto reparos— y exigía una fuerte inversión adicional. Pero el hecho de que un concejal presumiera ayer de que la empresa se hubiera visto forzada a tomar la decisión que ellos deseaban no es tranquilizador. Indica que puede primar la ideología por encima de los legítimos intereses de los actores económicos.

La torre, el tercer edificio más alto de Barcelona, había sido objeto de una opción de compra por 150 millones de euros condicionada a la obtención de la licencia. Cuando el Ayuntamiento decretó la moratoria hotelera en 2013, ya disponía del certificado de aprovechamiento urbanístico por lo que la promotora logró que el proyecto siguiera adelante. Ahora alega las trabas en la tramitación de la licencia solicitada hace 11 meses para retirarse. La torre se destinará a oficinas, un sector en auge. Agbar ha vendido ya el edificio por 140 millones a la inmobiliaria Merlín, que espera un rendimiento del 6,5% anual. Es legítimo que el Ayuntamiento de Barcelona se plantee regular el turismo, un sector de crecimiento descontrolado hasta ahora y con bolsas negras como los pisos turísticos ilegales. Pero las decisiones que se tomen han de estar siempre presididas por la transparencia y el respecto a la seguridad jurídica.

Puedes seguir EL PAÍS Opinión en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.