El derecho a la ciudad

Por, Alicia Ziccardi, Directora del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM.

En el contexto de la adopción de políticas económicas neoliberales, las políticas urbanas se reformularon profundamente y se produjo un debilitamiento de la planeación. En contrapartida, se fortaleció la articulación de intereses entre las elites políticas y las económicas. Así, las políticas públicas urbanas poseen actualmente un alto grado de pragmatismo y conflictividad, ya que la producción y consumo de los bienes de la ciudad concentran un alto valor monetario pero, al mismo tiempo, poseen un alto valor social y colectivo.

Cuando en la ciudad se privilegia el valor de cambio y eso se expresa en los contenidos de las políticas urbanas, éstas dejan de ser concebidas como políticas sociales para transformarse en productoras de los soportes materiales (vialidades, equipamientos, infraestructura, espacios para el consumo masivo y de lujo). Otro componente es la privatización de los servicios públicos y, en general, la mercantilización de los bienes y servicios de la ciudad, particularmente, del suelo urbano, garantizando de esta forma altas tasas de ganancia que son apropiadas privadamente.

Sin embargo, estos procesos de refuncionalización de las ciudades a fin de integrarse en la economía global coincide, en varias ciudades de América Latina, con el avance de la democratización del sistema político local. En este escenario se advierte, por un lado, condiciones propicias para la aparición de movimientos capaces de impulsar el cambio urbano y social y, por otro, construir una nueva arquitectura institucional que promueve experiencias puntuales de innovación social para la creación o recuperación de espacios públicos degradados donde se desarrollen acciones colectivas que permitan fortalecer la identidad local, la vida comunitaria y avanzar en la construcción de una cultura democrática.

Apelando a un nuevo derecho a la ciudad

En este contexto, el derecho a la ciudad es una apelación colectiva cuyo contenido se ha ido modificando pero que, en lo fundamental, alude a una profunda transformación urbana protagonizada por movimientos sociales con la intención de contrarrestar los procesos capitalistas generadores de desigualdad socio-espacial y de segregación urbana y producir mejores condiciones de vida para el conjunto de la ciudadanía.

En este sentido, Henri Lefebvre, en su obra El derecho a la ciudad, de 1968, alertó tempranamente sobre la mercantilización del espacio urbano, la expulsión de la clase obrera del centro de la ciudad, la precarizando de sus condiciones de vida, todo lo cual provocaba la desintegración de la ciudad como proyecto colectivo. Desde allí, construyó la primera apelación a reivindicar el derecho a la ciudad que representaba los intereses no sólo del proletariado sino de toda la civilización. Posteriormente, Manuel Castells y Jordi Borja analizaron la potencialidad social y política de los movimientos sociales urbanos que reivindicaban los bienes colectivos de la ciudad haciendo de los barrios populares, favelas, villas miserias, callampas, ranchos de las ciudades latinoamericanas, su laboratorio análisis. Sin duda, fueron más allá de aquellas primeras formulaciones, ya que evaluaron la potencialidad política de estas formas de organización y lucha de los sectores populares urbanos.

Cuarenta años después, en medio de la oleada neoliberal, creadora de una nueva arquitectura espacial y privatizadora de los bienes públicos de la ciudad, la noción del derecho a la ciudad ha sido resignificada por David Harvey, quien considera que se trata de una nueva apelación que guía las acciones colectivas en las calles, donde la ciudadanía indignada cuestiona la actuación de una pequeña elite política y económica que pretende desposeer a las masas urbanas de cualquier derecho a la ciudad. Se trata de nuevas estrategias de rebelión urbana que buscan definir un modo de vida urbana diferente al que les estaban imponiendo los promotores capitalistas y el Estado, exigiendo un control democrático sobre la producción y uso del excedente de capital.

Para Castells los movimientos con capacidad transformadora son los movimientos sociales en red, los cuales hacen uso de las modernas tecnologías de la comunicación potenciando la comunicación e interacción entre los actores sociales para desafiar al poder político y económico, reclamando la incorporación de sus intereses y valores en la construcción de las instituciones. Sin duda, se trata de una nueva fuerza democratizadora del espacio público, tanto físico como social, empoderando actores sociales y ejerciendo prácticas de contrapoder en el territorio urbano. 

También Jordi Borja señala que los movimientos ciudadanos de los últimos treinta años han tenido grandes aportaciones en la gestión de la ciudad y del urbanismo, revalorizando el espacio público, exigiendo la democratización de los planes y proyectos urbanos integrales y recuperando el protagonismo de los gobiernos locales en la política urbana. Pero sobre todo, identificando a la ciudadanía como aquella que interviene en la construcción y gestión de la ciudad.

En América Latina, un amplio número de organizaciones sociales, académicos y activistas, articuladas dentro de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC), han promovido el reconocimiento del Derecho a la Ciudad, a partir de la elaboración de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad. De acuerdo con Enrique Ortiz, la hechura y difusión de esta Carta, originalmente se concibió como un documento político para movilizar a amplios sectores sociales, pero posteriormente se ha ido impulsando como un instrumento jurídico que pueda ser adoptado tanto por gobiernos nacionales y locales, como por organismos internacionales, para que se asuman compromisos y tomen medidas para construir “ciudades justas, democráticas, humanas y sustentables”, donde las personas puedan vivir con dignidad.

Generando innovación social en el espacio público

Pero también es cierto que en muchas ciudades se avanza en el derecho a la ciudad, movilizado a la ciudadanía en prácticas sociales colectivas de participación, llevadas a cabo en el marco programas y políticas públicas de coaliciones de izquierda que pretenden contrarrestar las fuertes desigualdades y tendencias disgregadoras que existen en la sociedad. Estas experiencias son muy importantes. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, se lleva a cabo una intervención pública-social sobre los espacios públicos con la intención de disminuir las profundas desigualdades territoriales que existen en la megalópolis, tanto en sus condiciones materiales como en la oferta de actividades recreativas. La construcción o recuperación de espacios públicos que generen las condiciones materiales básicas para desarrollar actividades sociales, deportivas, culturales y recreativas en los barrios populares, representa una forma de hacer efectivo el derecho a la ciudad y forjar una mejor convivencia comunitaria en el ámbito local. El objetivo es disminuir las fuertes desigualdades territoriales y urbanas que existen en la ciudad, democratizar la gestión local, involucrando en su diseño e implementación a diferentes actores gubernamentales y sociales. Se trata de generar una mejora material, promoviendo un proceso de aprendizaje ciudadano, avanzando un escalón en la construcción de una cultura comunitaria y democrática.

En este sentido, la relevancia de este programa se refleja no sólo en la cantidad de obra pública realizada desde su implementación, a pesar de que los montos asignados a cada proyecto variaron año tras año, sino en el desarrollo de innovadores instrumentos de participación, entre los que destaca el hecho de que los recursos de cada proyecto se transfieren directamente del gobierno local a la ciudadanía, quien asume el papel de gestionarlos, logrando crear nuevos liderazgos y nuevas formas de aplicación y control social sobre los recursos públicos, creando nuevos ámbitos de confianza y credibilidad, entre los diferentes actores que participan. Sin duda, estas experiencias constituyen también un camino para avanzar y hacer efectivo el derecho a la ciudad.

Alicia Ziccardi es directora del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, en México. Miembro de la Academia Mexicana de las Ciencias. Autora de numerosos libros sobre cuestiones urbanas.