Suspenso a las reválidas

El Gobierno en funciones ha aprovechado el último Consejo de Ministros de julio para aprobar el decreto que regula las reválidas. Ya la elección de la fecha, cuando la comunidad educativa está en plenas vacaciones, parece denotar una nula voluntad por alcanzar un consenso alrededor de las pruebas de evaluación que realizarán hasta medio millón de alumnos al final de la ESO y del Bachillerato, una de las medidas más polémicas de la LOMCE.

Por si eran pocas las voces críticas, al rechazo de los partidos de la oposición en bloque y a las 13 comunidades autónomas contrarias a la implantación de las reválidas —entre ellas Castilla y León, gobernada por el PP— se acaba de sumar el Consejo de Estado. El órgano consultivo cuestiona que durante la tramitación del decreto apenas se haya recabado la participación de los sectores afectados. Y, lo que es más relevante, no concibe que se pueda obtener el título de Educación Secundaria con dos asignaturas suspensas (siempre y cuando no sean Lengua y Matemáticas).

El ministro Íñigo Méndez de Vigo, que ha exhibido un talante negociador del que careció el autor de la LOMCE, José Ignacio Wert, ha incorporado cambios significativos. Así, las preguntas ya no serán solo tipo test y las comunidades podrán decidir fechas, concretar contenidos y tribunales. Pero el hecho de que no aprobar la reválida de Educación Secundaria deje como única salida la FP básica puede castigar de forma irreversible las expectativas de los alumnos. Es también frustrante que solo si se supera la reválida de Bachillerato —en la práctica sustituta de la Selectividad—, se pueda obtener el título.

El decreto se aplicará este curso, si bien no tendrá validez académica hasta 2018. Sería deseable que este año puente se aprovechara para pulir los defectos de la actual ley, que no son pocos, y consensuar una reforma sólida y duradera.