España y los ODS: ya vamos tarde

Esta entrada ha sido escrita porLeonardo Pérez-Aranda, de Oxfam Intermón.

Campesinos en Cuzco (Perú). Foto: Oxfam.

En septiembre de 2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como Agenda 2030, que venían a reemplazar y a profundizar en el camino abierto por los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), cuya vigencia venció en 2015. La nueva agenda de desarrollo es más ambiciosa que la anterior (esta ambición se expresa a través de su propio lema: “No dejar a nadie atrás), adopta una visión más multidimensional del desarrollo (17 grandes Objetivos desagregados en 169 metas) y, sobre todo, es universal. Esta universalidad significa que es una Agenda que involucra a todos los gobiernos nacionales - tanto de países en desarrollo como de países desarrollados-, quedando estos gobiernos obligados a trasladar los objetivos al ámbito nacional y convertirlo en guías para su política pública.

La Agenda 2030 plantea un complejo sistema de seguimiento y rendición de cuentas: primero, la Asamblea General de la ONU debe aprobar un marco de indicadores mundiales, tras lo cual este marco habrá de complementarse con indicadores regionales y nacionales formulados por los estados firmantes, adaptado a sus propias realidades, capacidades y nivel de desarrollo. Pues bien, el pasado 11 de marzo la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas aprobó el marco de indicadores mundiales que será ratificado por la Asamblea General el mes próximo. Y, como era de prever, este marco no ha dejado satisfecho a todo el mundo y ha suscitado muchas dudas sobre el trabajo que tenemos por delante.

Dado que se ha optado por asociar al menos un indicador con cada una de las metas de los ODS, tenemos como resultado final un conjunto de 230 indicadores. Una cifra tan alta resulta poco práctica por tres motivos: primero, las dificultades que pueden tener muchos países con sistemas estadísticos precarios para recabar información sobre tal cantidad de variables (parece ingenuo pensar que países como Malawi o Chad puedan fortalecer exponencialmente en tan poco tiempo sus sistemas estadísticos); segundo, el ingente trabajo de tener que definir una metodología para cada uno de estos 230 indicadores; y tercero, la dificultad de ejercer una fiscalización eficaz sobre la implementación de los ODS a escala nacional si no se priorizan determinados indicadores.

A la espera de ver cómo van a salvarse estas dificultades prácticas, podemos ir echando un vistazo a los indicadores escogidos. Y claro, son tantos que encontramos de todo: formulaciones excesivamente vagas e imprecisas, aspectos muy bien trabajados (por ejemplo, el enfoque de infancia) y otros mucho peor trabajados, tal vez de forma deliberada.

Ya sea porque es transversal a toda la agenda, ya sea por las esperanzas alimentadas en el discurso de “No dejar a nadie atrás”, particularmente decepcionantes han sido los indicadores acordados para medir el Objetivo 10: Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. Por ejemplo, pretender medir la desigualdad a través de la variación de los ingresos o gastos del segmento de hogares más pobres en relación al conjunto de la población, y no respecto al segmento de hogares más ricos, abre la puerta a enmascarar estadísticamente un aumento de la brecha entre ricos y pobres dentro de un país. Resulta igualmente significativa la ausencia de indicadores que midan avances hacia una mayor justicia fiscal, tanto en términos globales (evasión fiscal internacional) como internos (progresividad); además, hasta el último borrador estuvo la propuesta de indicador Aprobación de un impuesto sobre las transacciones financieras a nivel mundial, pero se sustituyó a última hora por los Indicadores de Solvencia Financiera del FMI.

Especialmente llamativo resulta el indicador Número de países que han aplicado políticas migratorias bien gestionadas, asociado a la meta 10.7 (Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas). Habrá que esperar la metodología que se aplica para medir este indicador, pero mucho me temo que el ignominioso pacto de la UE con Turquía para gestionar la actual crisis de refugiados encajaría dentro de lo que las cabezas pensantes del orden internacional consideran “políticas migratorias bien gestionadas”.

Con sus luces y con sus sombras, el marco de indicadores globales acordado no deja de ser precisamente eso, un marco, y corresponde ahora a los gobiernos nacionales definir sus propios indicadores y concretar las líneas prioritarias para la implementación nacional de los ODS. Siendo como es el país europeo en el que más ha aumentado la Desigualdad durante la crisis, el Objetivo 10 debe ser, sin duda, uno de los ejes motores de la Agenda en España.

La interinidad del Gobierno no puede ser excusa para que los poderes públicos estatales empiecen a trabajar desde ya en la definición de una Hoja de Ruta para la implementación en España de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este trabajo deberá concertarse entre gobierno, parlamento y sociedad civil, y sustentarse sobre un consenso con la base más amplia posible, ya que se trata de una agenda de gobierno para los próximos tres lustros. Muchos otros países ya se han puesto manos a la obra (algunos, como México, con muchos menos recursos), e incluso algunas comunidades autónomas ya van muy por delante del gobierno central. Hace casi tres meses que entró en vigor la Agenda. Es hora de ponernos las pilas y recuperar el tiempo perdido.