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El divorcio de CiU y las deudas pendientes

Unió, con una deuda de más de 20 millones y sin representación parlamentaria, se plantea volver a presentarse a las elecciones

Francesc Homs
Francesc Homs

Incluso en los divorcios más amigables —también en los políticos— el reparto de gananciales suele comportar tensiones. La probabilidad aumenta exponencialmente cuando la ruptura es conflictiva y en lugar de bienes lo que hay que repartir son deudas cuantiosas. Eso es justo lo que estamos viendo estos días en una de las rupturas más comentadas, la de la federación CiU. Convergència y Unió sellaron en 1978 un matrimonio de conveniencia en el que han aflorado con frecuencia diferencias de ideario y de intereses; pero el ejercicio de poder fue un poderoso bálsamo que les permitió mantener el vínculo durante 36 años. Hasta que el viraje independentista de Convergència bajo el liderazgo de Artur Mas les llevó finalmente a la ruptura.

Convergència y Unió se separaron en junio de 2015 con un acuerdo en apariencia amistoso pero que en realidad no lo era tanto. La tensión ha aflorado ahora, cuando el actual secretario general del partido democristiano, Ramon Espadaler, ha anunciado que estudian presentarse de nuevo a las elecciones generales del 26 de junio. En cuanto trascendió esta posibilidad, que mermaría apoyos a la lista de Convergència, bautizada ahora como Democràcia y Llibertat, su portavoz en el Congreso de los Diputados, Francesc Homs, se apresuró a decir que si Unió tiene dinero para pagar una campaña electoral, espera que también lo tenga para saldar la parte que le corresponde de la deuda de CiU. La comisión liquidadora de la federación estimó la deuda conjunta en 6,8 millones, de los que 1,7 correspondían a Unió, pero esta no la acepta. El cálculo se hizo en base al que siempre se había estimado —aunque nunca se hubiera verificado— que era su peso en la coalición: el 25%.

En realidad, muchos dirigentes de Convergència fruncían el ceño cada vez que tenían que ceder una cuarta parte de las candidaturas o de los cargos públicos a un socio que solo aportaba el 7% de la militancia. Creían que el partido de Duran i Lleida estaba sobrerrepresentado, que si fuera solo a unas elecciones, tendría bastante menos. Las autonómicas del 27-S fueron la primera oportunidad de comprobar si esas cábalas tenían fundamento. Y resultó que sí. Convergència se presentó en una candidatura conjunta con Esquerra Republicana —Junts pel Sí— y obtuvo el 39,59% de los votos. Unió se presentó sola y ni siquiera logró representación. Tampoco en las generales del 20-D, de modo que pasó de gobernar a ser una fuerza extraparlamentaria, lo que además de un gran fracaso político supuso una debacle económica.

Ahora Unió baraja presentarse de nuevo a las generales como “alternativa al catalanismo independentista”, lo que amenaza directamente a Convergència, que está en pleno proceso de refundación y también se presenta en solitario. Pero Unió está en bancarrota. Además de su parte de la factura pendiente de CiU, tiene una deuda propia de 19 millones de euros. En esas condiciones, cabe preguntarse: ¿quién puede estar en disposición de prestarle dinero para una campaña que, por austera que sea, será cara y sin expectativa de retorno?

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