Justicia y reparación para las mujeres en Colombia

Por Claire Colardelle, deInspirAction Colombia(@inspiractionorg)

La periodista JIneth Bedoya.

Tan cerca como parece estar la firma del Acuerdo de Paz en Colombia, las organizaciones de mujeres siguen pidiendo justicia, derecho a la verdad y reparación para todas las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, exigiendo su calificación como crimen de lesa humanidad.

La periodista Jineth Bedoya Lima, cara visible de parte de esta lucha, acaba de obtener la primera condena por su secuestro, violencia sexual y tortura como represalia a las investigaciones que adelantaba sobre graves violaciones de derechos humanos y tráfico de armas al interior de la cárcel Modelo de Bogotá, hace ya más de 15 años.

Son logros significativos en un proceso que ha sufrido múltiples dilaciones y se ha vuelto emblemático gracias a la incansable lucha de una sobreviviente para exigir justicia. Esto en un país donde la violencia sexual ha sido usada como arma de guerra, tanto por parte de los grupos armados ilegales como de la fuerza pública.

El 25 de febrero de 2016, el ex paramilitar Alejandro Cárdenas Orozco, alias “J.J.”, fue condenado a once años de prisión por estos delitos de secuestro simple y tortura. No reconoció su responsabilidad en los actos de violencia sexual, por lo que la investigación continuará en un proceso distinto. Tres semanas antes, en una audiencia pública, el exjefe paramilitar Mario Jaime Mejía, alias “El Panadero” le pidió perdón a la periodista, se acogió a sentencia anticipada y aceptó los cargos de secuestro, violencia sexual y tortura. La justicia y la reparación avanzan.

Si bien en los últimos años, se ha aprobado un marco legal favorable a la protección de los derechos de las mujeres en Colombia, su implementación es insuficiente y la impunidad en los casos denunciados de violencia sexual supera el 95%, sin contar el subregistro existente y teniendo en cuenta que esta cifra solamente abarca los casos priorizados por la administración de justicia. Es así como la Corte Constitucional de Colombia constató a inicios del año 2015 “la persistencia de falencias en la atención, protección y acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado y el desplazamiento forzado”.

Como lo señaló Jineth Bedoya, legalmente representada por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y la Corporación Sisma Mujer, socia de InspirAction en Colombia, la aceptación de cargos por parte del exjefe paramilitar es “una victoria de las mujeres que han hecho un gran ejercicio de resistencia y de búsqueda de la verdad”. No obstante, queda un largo camino por recorrer para alcanzar la garantía de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las mujeres víctimas en Colombia. La Corporación Sisma Mujer, también organización asesora de la Subcomisión de Género de la Mesa de Negociaciones en La Habana, resalta como obstáculos principales para el acceso a la justicia la desconfianza en el sistema judicial y el temor a la revictimización, la ausencia de capacitación de las autoridades judiciales, la permanencia de estereotipos de género y patrones de discriminación, la ausencia de diligencia en las investigaciones y la falta de garantías y protección para las víctimas.

En este contexto, la adopción del Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto el pasado 15 de diciembre de 2015 representa un avance significativo para las mujeres sobrevivientes de violencia sexual. Además de tener enfoque diferencial de género, el Acuerdo reconoce explícitamente la violencia sexual como uno de los crímenes más graves en el marco del conflicto armado, prevé la instalación de una Comisión de la Verdad, dispone la creación de un equipo de investigación judicial especial para casos de violencia sexual, y establece que en el marco del mecanismo de justicia transicional adoptado, este crimen no podrá ser objeto de amnistía o de indulto.

Las organizaciones de mujeres han jugado un papel determinante tanto en la obtención de este hito histórico como para hacer visible el carácter generalizado y sistemático de la violencia sexual en el marco del conflicto armado en Colombia, exigiendo su calificación como crimen de lesa humanidad. Este año, en el que se espera la firma de un acuerdo final tras más de cincuenta años de conflicto, un reto fundamental será la adopción de medidas efectivas para la implementación de lo dispuesto en el Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto, en aras de poner fin a la impunidad que prevalece.