El drama de los desahucios ‘a la griega’

Por Georgia Alexandri (*)

El pasado 10 de Febrero, decenas de integrantes de una asamblea de barrio entraron a la fuerza a un Juzgado provincial, para paralizar la subasta de residencias. El lugar en el que sucedió este acontecimiento no fue Madrid o Barcelona, sino Marousi, un barrio de clase alta del área metropolitana de Atenas, Grecia. Desde principios de año, acciones similares suceden todos los miércoles, día de subastas de propiedades en diferentes ciudades griegas, cuando diferentes iniciativas políticas y asambleas locales paralizan las ventas forzadas de viviendas de primera residencia de personas desahuciadas, parcelas agrarias o urbanas, almacenes, garajes y compañías en quiebra.

Lo específico del drama de los desahucios en Grecia es que se trata de personas quienes, a raíz tanto de los recortes de sueldos y prestaciones públicas como del aumento generalizado de los impuestos, han perdido la capacidad de pagar las deudas a las administraciones públicas. Por este motivo, y a diferencia de España, en Grecia no son principalmente los bancos quienes desahucian, sino el mismo Estado, cómplice y ejecutor final de las políticas de austeridad demandadas por la Troika -la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional-, que gobierna el país de facto desde hace más de cinco años.

Desde 2012, más de 26.000 subastas de propiedades comerciales, casas y parcelas agrarias han sido anunciadas oficialmente. Cada semana, más de 50 propietarios son desahuciados de sus viviendas, a raíz de deudas que en promedio no sobrepasan los 1.000 euros. Se trata de una política de despojo de magnitudes descomunales que ha hecho perder su domicilio a más de 10.000 hogares. Pero dada la complicada situación económica y las deudas impositivas que muchas familias no pueden afrontar, un cuarto de la población vive actualmente con el miedo de que, tarde o temprano, se abra un proceso que termine con la pérdida de su vivienda.

¿Qué está ocurriendo con los desahucios en Grecia?

A diferencia de España, el gobierno griego firmó en 2010 el primer memorando debido a su deuda pública exuberante. Bajo la tutela de la Troika los diferentes gobiernos griegos impusieron una exagerada austeridad a la gran mayoría de las clases medias y bajas. En pocos años, los estándares de vida cayeron dramáticamente: los salarios bajaron en promedio más de un 40%; las pensiones han sido recortadas una decena de veces reduciéndolas a menos de la mitad; el desempleo estructural, que no tiene visos de mejora, afecta a más de un cuarto de la población y miles de empresas pequeñas han quebrado por la constante reducción de la demanda. Al mismo tiempo, la presión impositiva ha subido notablemente. Los aumentos del IRPF y del IVA han sido dos factores de empobrecimiento, ya que afectan principalmente a la población más vulnerable. Desde 2011, la Troika se han inventado nuevas obligaciones e impuestos como la charatsi, un impuesto adicional a la propiedad que durante algunos años fue cobrado directamente a través del pago de la electricidad, ahora transformado en una tasa fija a la vivienda, llamada enfia. Y desde Julio 2015, con el tercer Memorándum, la maquiavélica presión del Dr. Schäuble, Ministro de Finanzas alemán, ha obligado al Gobierno griego a abolir las tasas reducidas de IVA para productos básicos como arroz, pasta, pan o leche, que ahora tributan con un IVA del 23%, al igual que los yates y otros productos de lujo.

Este doble proceso de reducción masiva de los salarios y de aumento espectacular de los impuestos ha empobrecido a la gran mayoría de los hogares griegos, muchos de los cuales ya no pueden hacer frente al pago de sus obligaciones, sean éstas los pagos de impuestos, sus contribuciones a la Seguridad Social, las facturas de la electricidad a la empresa pública de energía o los créditos firmados con los bancos. Los créditos morosos han llegado durante el año 2015 a un máximo de 39,9 % del stock total, excediendo 100 mil millones de euros. Frente a estas dimensiones, la crisis crediticia de las cajas españolas parece un juego de niños.

Las modificaciones en el régimen fiscal han generado la transformación progresiva de una deuda pública en deuda privada, que dictamina los desahucios y aniquila el dinero depositado en las cuentas bancarias de muchos hogares. Hasta la fecha, 93.000 cuentas han sido intervenidas y liquidadas por la Oficina del Estado Central griego, y los desahucios han sido solicitados, en miles de casos, por parte de la Oficina de Recaudación de Impuestos, las municipalidades o los fondos de la Seguridad Social. Así el Estado despoja directamente, sin necesidad de apoyo del sistema bancario.

Sin embargo, en la política errática de los diferentes gobiernos, hubo intentos de protección de la vivienda. Entre 2010 y 2013, la residencia habitual de los hogares endeudados estaba exenta de cualquier intento de desposesión y desahucio. Y nuevamente, en junio de 2015, en el marco del corralito que asfixió la economía griega durante las negociaciones con la Troika, el Gobierno de coalición Syriza-Anel paralizó por seis meses todos los procesos de desahucio que estuvieron pendientes en aquel momento. Sin embargo, después de la firma del tercer memorándum, el gobierno Tsipras modificó nuevamente las bases legislativas: actualmente y al menos hasta finales de 2018, solamente los hogares más vulnerables con ingresos unipersonales menores de 8.180 € a 13.917 € en caso de parejas y más 2.300 € por cada integrante adicional (como niños o jubilados) serán protegidos de declararles un proceso judicial. Sin embargo, la gran mayoría de la sociedad, especialmente las clases medias, quedan desprotegidas. Por eso se está observando un aumento exponencial tanto de los procesos de ejecución hipotecaria y como de los desahucios desde que comenzó el presente año.

Además, el tercer memorándum ha introducido una transformación profunda del sistema bancario. Con el tercer rescate a los bancos griegos (que recibieron, hasta el momento, más del 40 por ciento del dinero prestado por el Mecanismo Europeo de Estabilidad), el Estado intercambió una especie de “preferentes” (‘cocos’, por contingent convertibles en inglés) en el mercado bursátil, en lugar de participar directamente en la recapitalizaciones, como lo fue el caso en los dos rescates previos. De esta manera, no ha sido necesario establecer un banco malo al estilo de la Sareb. Sin embargo, este procedimiento resultó en que los propietarios principales de los bancos griegos son ahora los bancos internacionales y los ‘fondos buitres’. Esto implica que los fondos internacionales de inversión y los bancos internacionales de inversión, como Goldman Sachs, Morgan Stanley y otros, se adjudicaron automáticamente las viviendas, garajes, propiedades urbanas y rurales con morosidad. Al mismo tiempo, el Gobierno griego no renuncia a sus intentos –hasta ahora fracasados- de negociar con las Instituciones una serie de mayores excepciones para proteger, al menos, la vivienda habitual, el FMI exige que la venta de todos los créditos morosos. Mientras continúan las negociaciones con el Dr. Schäuble y sus correligionarios del Eurogrupo, los procesos de ejecución hipotecaria y los desahucios continúan, al tiempo que los fondos de inversión, nuevos amos del sector bancario griego, imponen sus ‘intereses’ en el sector inmobiliario griego.

* Georgia Alexandri es miembro de la red internacional de acción, investigación e intercambio de investigadores CONTESTED_CITIES. Una red de discusión sobre las consecuencias de la neoliberalización urbana y los movimientos sociales de resistencias originados en diferentes contextos geográficos.