Debates constituyentes

Las imágenes de la plural marea democrática que inundó el Congreso de los Diputados hace una semana condensan bien el cambio político y social que se ha producido en el último lustro. Un cambio quizás no tan profundo como parecía anunciarse en su momento. Pero impresionante, en todo caso, y en cierto modo irreversible.

Primero fue la emergencia del movimiento civil soberanista en Catalunya. Luego el 15-M y las diversas protestas contra los recortes sociales y las políticas de austeridad impulsadas por la Troika, el Gobierno estatal y diferentes Gobiernos autonómicos. Más tarde vino la irrupción de nuevas fuerzas del cambio en las elecciones europeas de 2014, en las municipales y autonómicas de mayo de 2015, en las catalanas del 27 de septiembre y en las generales del 20 de diciembre. Y en el camino, numerosos casos de corrupción que dejaron severamente heridos, aunque no acabados, a buena parte de los partidos que protagonizaron el régimen salido de la Transición.

Todos estos factores se han combinado en estos años de diferentes maneras y con dispar intensidad. Y han acabado por conformar un escenario político inédito, todavía abierto, con inequívocos componentes constituyentes. Lo viejo no acaba de morir, sí, pero lo nuevo se abre paso con ímpetu. El inmovilismo, la repetición con escasas variaciones del guion del turnismo, con sus protagonistas y sus temas de siempre, han sufrido un golpe decisivo. Es verdad que el horizonte de una coalición PP-PSOE, o de un Gobierno solitario del PP apoyado en la abstención del PSOE y Ciudadanos, existe. No obstante, se trata de opciones frágiles, que pocos imaginan estables y con capacidad para incorporar las demandas gestadas en los últimos años.

La idea de proceso constituyente, que ha estado en el centro de muchas exigencias de cambio social y político, no ha adquirido todavía la fuerza suficiente para convertirse en realidad. Sin embargo, ha pasado a condicionar de manera decisiva las grandes alternativas que hoy están en la agenda. Ni el inmovilismo ni el reformismo de mínimos aparecen ya como alternativas viables. Cualquier debate político realista que se plantea en el actual contexto acaba teniendo connotaciones constituyentes.

Lo viejo no acaba de morir, pero lo nuevo se abre paso con ímpetu

En el ámbito estatal, el propio PP, instalado en la última década en un quietismo exasperante, ha terminado por reconocer que la Constitución debe reformarse. En el PSOE, por su parte, crecen las voces que admiten que estos cambios no pueden reducirse ya a simples retoques. Que deben incluir, al menos, un sistema electoral más proporcional, el blindaje de los derechos sociales y ambientales, el refuerzo de ciertas libertades básicas, la mejora de los mecanismos de participación ciudadana y de lucha contra la corrupción, y sobre todo la flexibilización del propio procedimiento de reforma de la Constitución.

Es cierto que muchos de estos temas no aparecen planteados con la valentía que exige el momento, como ocurre con la sumisión incondicional a los grandes acreedores consagrada por el artículo 135. Y que en otros campos, como el del reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado, ni siquiera se incluyen propuestas ya contempladas en la boicoteada reforma estatutaria catalana de 2005-2006.

Sin embargo, se trata de cuestiones que, tras las movilizaciones y el ciclo electoral de los últimos años, se plantean hoy en unos términos muy diferentes. Podemos, En Comú Podem, Compromís, En Marea o Izquierda Unida les han otorgado, cada uno con su propio énfasis, una centralidad y un alcance mayores. No solo exigen blindar los derechos sociales y mejorar la participación. Piden firmeza frente a la austeridad, erradicar las puertas giratorias, proteger los bienes comunes y dar pasos creíbles para garantizar la independencia de los órganos de control. Y piden, claramente, una resolución democrática a la cuestión territorial, que pase por un reconocimiento explícito del derecho a decidir bajo la forma de un referéndum.

En muchos de estos temas, el acercamiento entre las candidaturas emergentes y otras fuerzas periféricas con el PSOE es difícil. Pero no imposible. Sobre todo si este tuviera el coraje de reinventarse recuperando su mejor historia. Si dejara de mirar al búnker y reconociera la pluralidad de voces del cambio que hoy están presentes en el Congreso. Si se liberara de la tutela conservadora de Susana Díaz y si mirara más a gente como José Antonio Pérez Tapias, Odón Elorza e incluso a algunos nombres del PSC.

El acercamiento entre las fuerzas emergentes y el PSOE es difícil, pero no imposible

Todo ello obligaría al PSOE a explorar una salida a la portuguesa, sí, pero en un marco plurinacional donde el reclamo de soberanías diversas no puede ser desatendido. Y eso exigiría, de su parte, una propuesta de reforma constitucional que vaya más allá de un modelo autonómico caduco y que incluya de forma explícita vías para el ejercicio del derecho a decidir. Incluso ERC, a través de su senador Santiago Vidal, acaba de sugerir esta alternativa al anunciar una moción para que la Constitución española reconozca en su articulado el derecho a la autodeterminación (algo que ya se propuso en el debate constituyente de 1977-1978).

Es difícil saber si el partido liderado por Pedro Sánchez será capaz de estar a la altura de estos retos. Pero si ocurriera, si el debate de investidura viniera acompañado de este reconocimiento de voces plurales, de una propuesta constituyente valiente y de un compromiso con un plan creíble de rescate social y de lucha contra la austeridad, no solo ganaría fuerza una posible alternativa al PP o a una nueva coalición conservadora. También sería más sencillo el desbloqueo de la actual situación catalana.

En Cataluña, como es sabido, existe una mayoría parlamentaria independentista. Esta mayoría no puede subestimarse. Pero carece de la fuerza y del apoyo social suficientes para hacer efectiva una declaración unilateral de independencia. O para alcanzarla en unos meses, si se prefiere, a través de un proceso constituyente que solo podría impulsar una asamblea específica escogida con ese propósito (y que exigiría niveles de desobediencia ciudadana elevados y de momento improbables)

Lo que sí hay en Cataluña, en cambio, es un consenso amplio, dentro y fuera del Parlamento, en torno al agotamiento del Estado autonómico y a la necesidad de un debate constituyente propio. Este consenso incluye a gente identificada con ERC, con la CUP y con CDC. Pero también con lo que representan fuerzas emergentes como En Comú Podem y quizás con parte del PSC.

Esta mayoría amplia, en el fondo, es soberanista. Quiere decidir su futuro libremente, sin tener que pedir permiso, y quiere hacerlo desde Cataluña. Y por eso exige no solo un referéndum, sino un debate constituyente sobre un nuevo modelo de país. Se trata de una mayoría que quiere blindar, al mismo tiempo, derechos sociales y libertades nacionales. Que quiere ampliar los mecanismos de participación y de lucha contra la corrupción y decidir cómo deberían ser la educación o un poder judicial con características propias. Y se trata, sobre todo, de una mayoría que quiere saber si todavía puede hacerlo en el marco de un Estado genuina y lealmente plurinacional o si solo le queda ensayar su propio camino fuera de él.

Si estos movimientos constituyentes, que también comienzan a despuntar en Galicia, el País Vasco, el País Valenciano e incluso Andalucía, fueran capaces de vincularse de una manera fraterna y plural, y sobre todo, si vinieran acompañados de medidas comunes de rescate social, de impugnación de la austeridad y de tutela de los bienes comunes, el salto podría ser mayúsculo. La correlación de debilidades de la que hablaba Vázquez Montalbán podría convertirse en auténtica potencia de cambio. Y el desafío democrático iniciado con el 15-M, las mareas ciudadanas y los diferentes movimientos soberanistas y municipalistas del último lustro podrían alumbrar, por fin, auténticos procesos constituyentes. Esto es, una salida limpia a la cuestión social y territorial, con instituciones republicanas libremente federadas, confederadas o independientes, capaces de proyectarse a Europa y de ganar para sus gentes y sus pueblos un futuro esperanzador. Vale la pena intentarlo.

Gerardo Pisarello es profesor de Derecho Constitucional y primer teniente de la alcaldía de Barcelona.